El despacho de Garzón gana un millón de euros al año con cinco empleados

El despacho profesional que abrió Baltasar Garzón tras ser inhabilitado por prevaricación al ordenar grabaciones a los presos de la trama Gürtel y sus abogados, se ha convertido en un gran negocio. ILocad S.L. fue registrada en junio de 2012. El último depósito de cuentas entregado en el Registro Mercantil, correspondiente al año 2013 -el primer ejercicio completo de la empresa- muestra que el bufete de Garzón facturó 2.486.667,67 euros, medio millón de euros por cada uno de los cinco empleados que tiene dados de alta.

Con estos ingresos, Ilocad declaró un beneficio antes de impuestos de 1.116.873,36 euros, que se quedaron en 859.530 euros tras pagar el Impuesto de Sociedades. Estos beneficios casi multiplicaron por diez los obtenidos entre junio y diciembre del año 2012, según la documentación oficial remitida al Registro Mercantil de Madrid.

La elevada facturación de Ilocad S.L. permitió al extitular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional embolsarse unos magros beneficios pese a que se dedujo casi 900.000 euros en «gastos de explotación» y contabilizó otros 394.000 euros en el epígrafe de gastos de personal. La sociedad fue creada con el capital social mínimo exigido, 3.000 euros, pero año y medio después de su fundación ya atesora 1,3 millones de euros en activos.

Por otro lado, la Fundación Internacional Baltasar Garzón se nutre de donativos. El 86 por ciento de sus fuentes de financiación corresponden a lo que la propia fundación identifica en su memoria económica del año 2013 como «grandes donantes». Ahí destaca una constructora internacional, el grupo Eurofinsa, que donó a la fundación del exjuez 125.000 euros en 2013. Eurofinsa se dedica principalmente a promover obra civil -puentes, ferrocarriles, carreteras...- en distintos países.

La polémica rodeó a esta constructora el mismo año que donó fondos a la ONG del exjuez Baltasar Garzón. Eurofinsa fue investigada en un caso de sobornos a las autoridades de Angola a cambio, según la acusación, de contratos de obra pública que sumaban 300 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó la denuncia que había presentado la Fiscalía, según la cual empresarios del Grupo Eurofinsa habían entregado a políticos y funcionarios angoleños, entre el hijo del millonario presidente de Angola o la mujer del ministro de Comunicación Social, grandes cantidades de dinero, coches y joyas.