El CGPJ archiva la investigación a los jueces de Madrid que asesoraron a la Comunidad
Reconoce que la actividad era «incompatible» con la función de juez, pero que hay «buena fe» en su forma de proceder
El promotor de la acción disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado hoy las diligencias informativas que abrió el pasado mes de febrero al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira Morante , y a ocho magistrados de esta Comunidad Autónoma, por su participación en el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales.
El Promotor considera que el comportamiento de los magistrados fue «improcedente» desde el momento en que esta actividad «no podía ser desarrollada libremente por los magistrados» y que estaba sujeta a una autorización de compatibilidad.
Sin embargo, añade, a este reproche de antijuridicidad no se le puede añadir el de culpabilidad, requisito imprescindible para exigir una responsabilidad disciplinaria. A su juicio, hay factores «relevantes» que permiten afirmar la ausencia de voluntariedad infractora, dolosa o culpable, como el hecho de que manifestaran haber actuado en la creencia de realizar una actividad compatible «por causa de las indicaciones que en tal sentido» les hizo tanto el presidente como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior.
Por tanto, esa actividad «se hizo con la intervención directa, no solo del presidente del TSJ, sino de la Sala de Gobierno de este Tribunal», que el 28 de noviembre de 2011 adoptó los primeros acuerdos de designación y formación de grupos de trabajo y lo comunicó al Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión de Informática y Modernización quedó enterada el 16 de enero de 2012. La citada Comisión comunicó a su vez a la Sala de Gobierno del TSJ madrileño que había tomado conocimiento de la intervención de magistrados en esa actividad.
Fonseca-Herrero concluye que se puede apreciar en estos magistrados una suerte de «confianza legítima y buena fe en su modo de proceder», pues la finalidad de los trabajos «no era el provecho o beneficio propio de todos ellos, sino el de todos los usuarios de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid».
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