Los escándalos que «amenazan» a los partidos en el año electoral

Caso Bankia - Caja Madrid

El juez del caso Bankia, Fernando Andreu, investiga las irregularidades cometidas en la creación y salida a Bolsa de la entidad, que puso en riesgo a la economía española y tuvo que ser rescatada. En este proceso tuvo un rol protagonista el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, expresidente de la entidad madrileña, imputado junto a otros 32 exconsejeros. La causa continúa en fase de investigación, entre diagnósticos de expertos, a pesar de que los peritos judiciales concluyeron que Bankia saltó al parqué con las cuentas maquilladas. Su predecesor en Caja Madrid, Miguel Blesa, quien aterrizó en la caja gracias a su amistad con José María Aznar, también es investigado por sus excesos al frente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, como créditos irregulares y sobresueldos. Otra pieza separada es la que investiga la comercialización de las llamadas «participaciones preferentes», una presunta estafa que dejó sin sus ahorros a miles de clientes de Caja Madrid.

Las tarjetas «black»

Rato y Blesa han sido señalados, además, como responsables de la entrega de las llamadas tarjetas «black», con las que 82 ex altos cargos de Caja Madrid, procedentes de todo el abanico político, desde PP, PSOE e IU, incluyendo patronal y sindicatos, gastaron más de 15 millones de euros de espaldas a Hacienda. Esta causa también está en fase de instrucción, pero el juez está más cerca de fijar los delitos cometidos por los exdirectivos de la entidad.

Pokemon

La operación Pokemon y sus ramificaciones, Manga (Santiago) y Pikachu (La Coruña), investiga una trama de sobornos a políticos a cambio de concesiones públicas en varios ayuntamientos gallegos y con el grupo Vendex como epicentro. La juez de Lugo Pilar de Lara ordenó las primeras detenciones el 22 de septiembre de 2012: cayeron el alcalde de Orense, Francisco Rodríguez; el regidor de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP), y el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Liñares, pieza clave del caso y mano derecha en su día del actual alcalde en el Consistorio de Lugo, Xosé López Orozco (PSdeG), también imputado. Pero con el paso del tiempo, la investigación ha perdido fuelle. Tras varias imputaciones, la juez ha sido objeto de críticas por la puesta en marcha de lo que se ha calificado de «cacería política».

Urdangarín y Matas

El Palma Arena consta de más de 20 piezas separadas, entre ellas la del Instituto Nóos que encabezaba Iñaki Urdangarín. El caso comenzó por las obras del velódromo Palma Arena, ordenado construir por el entonces presidente balear Jaume Matas, con 110 millones de euros de sobrecoste.

La trama Gürtel y los papeles de Bárcenas

En febrero de 2009 estalló uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años, Gürtel. Gracias a las grabaciones de José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, se desmontó un entramado de pago de comisiones a políticos del PP de Madrid y Valencia a cambio de contratos. El cerebro de la trama es Francisco Correa. Tras el juicio de los trajes de Camps, el siguiente en celebrarse es el de una pieza separada de las seis que se dirimen en Valencia. Comenzó la semana pasada pero fue pospuesto hasta junio. La pieza separada de Gürtel más mediática es la de los papeles de Bárcenas. El juez Ruz cerró la investigación el pasado 23 de marzo y propuso llevar a juicio a los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y al exgerente Cristóbal Páez. El magistrado ha acreditado la existencia de una caja B en el PP durante 18 años, que sirvió, entre otras cosas, para pagar 1,5 millones de euros en negro en la reforma de la sede del partido. Bárcenas ha intentado responsabilizar de la caja B a los líderes del PP, pero no lo ha conseguido. La instrucción judicial tampoco ha acreditado el pago de sobresueldos a la cúpula de la formación.

Operación Púnica

El pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios que formaban una trama corrupta para la adjudicación de suelo y contratos de servicios públicos. La pieza más relevante es Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y exnúmero tres del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que lideraba la trama junto a su amigo David Marjaliza, ambos aún en prisión. También cayeron seis alcaldes madrileños, un alto cargo del Gobierno murciano, un exalcalde de Cartagena y el presidente de la Diputación de León. Es una investigación titánica que se prolongará varios años.

La «herencia del abuelo»

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol confesó el pasado 25 de julio que durante 34 años mantuvo oculto un dinero en «el extranjero» -Andorra y Suiza- , que pertenecía a su esposa, Marta Ferrusola y a sus siete hijos. El origen del dinero, dijo, era un legado de su padre, Florenci, que se ganó con negocios en cambios de divisas durante el franquismo y que dejó a su muerte, en 1980. El expresidente, su esposa y cuatro de sus hijos han sido imputados por fraude fiscal y blanqueo. No han aportado prueba documental alguna de la herencia, que pasó de 840.000 euros en 1980 a ocho millones de euros en el año 2000.

«Junior» y Oleguer

El juez Pablo Ruz investiga al primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, y a su exmujer, Mercè Gironés, desde hace dos años por blanqueo y delitos contra Hacienda. La causa nació con la comparecencia de Victoria Álvarez, que relató viajes a Andorra en los que su entonces pareja llevaba fajos de billetes de 500. «Junior» movió a través de sus empresas 32,4 millones de euros en ocho años, entre 2004 y 2012, cuyo origen no está claro. También en la Audiencia Nacional, el juez Pedraz investiga al benjamín de la familia, Oleguer. Busca indicios de blanqueo en siete operaciones inmobiliarias de unos 2.000 millones de euros por parte de la gestora de fondos en la que participaba. Entre ellas está la compra de más de 1.100 oficinas del Banco Santander. Por otro lado, aprovechó la amnistía fiscal para regularizar tres millones de euros.

Las ITV

Destapado en marzo de 2012, ha acabado con la carrera política del exdiputado de CiU y ex número dos de CDC, Oriol Pujol, imputado por tráfico de influencias y cohecho, junto a su esposa, Anna Vidal. Se le acusa de utilizar sus influencias para lograr una futura adjudicación de estaciones técnicas de vehículos, de cobrar sobornos de empresarios del sector y de ingresar casi 500.000 euros de su amigo y empresario Sergi Alsina, a través de falsos trabajos encargados a su mujer, por asesorar en deslocalizaciones de empresas.

Casos Palau y Pretoria

En julio de 2009 los Mossos d’Esquadra registraban la sede del Palau de la Música. Fue el principio de la investigación sobre el expolio de esta institución -cifrado en unos 26 millones de euros- perpetrado por sus exdirigentes Fèlix Millet y Jordi Montull, y del que se aprovechó Convergència para financiarse. El tercero de los cuatro jueces que ha tenido el caso cerró la instrucción en verano de 2013 y concluyó que CDC recibió 5,1 millones de comisiones por obras públicas pagadas por Ferrovial y camufladas como falsos patrocinios al Palau. El partido de Artur Mas tiene embargada su sede como aval para la fianza de 3,2 millones. También afecta a CDC el caso Pretoria, en el que ya hay auto de apertura de juicio oral. Entre los 11 acusados de tráfico de influencias y blanqueo están los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el exdiputado del PSC Luis García y el exalcalde socialista de Santa Coloma Bartomeu Muñoz.

Los ERE

La investigación del caso Mercasevilla en 2009 descubrió la existencia de falsas prejubilaciones. El contenido de la grabación que dio origen al caso y que desveló ABC ya advertía del fraude en otros expedientes subvencionados por la Junta de Andalucía que incluían a prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias. El Gobierno andaluz presidido por Manuel Chaves y luego por José Antonio Griñán reservó entre 2001 a 2011 una partida de 721 millones de euros para ayudas a regulaciones de empleo que fueron gestionados sin control por la Dirección General del Empleo a través de organismos de la Administración paralela. Se han detectado 267 prejubilaciones falsas, ayudas fraudulentas a empresas y comisiones desorbitadas en la gestión de los expedientes. La juez Mercedes Alaya instruye el sumario que acumula ya 265 imputados. Griñán y Chaves declararán como imputados en el Supremo el 9 y el 14 de abril respectivamente.

Cursos de formación

El dinero defraudado es todavía una incógnita, pero puede ser muy superior al de los ERE. La Junta de Andalucía movilizó 2.326 millones de euros entre 2007 y 2003 para impartir cursos de formación. La falta de controles permitió que buena parte de ellos fueran ficticios. Entre los implicados, además del exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso ERE, está el exconsejero Ángel Ojeda. La juez considera que se trata de un método creado para generar una «red clientelar», como demostró una de las implicadas, Irene Sabalete, en una grabación en la que exigía a sus subordinados que votaran al PSOE.