¿Cómo actuar contra los insultos en Twitter?
En el último año se han sucedido diversas respuestas en función de los mensajes vejatorios o enaltecedores de conductas delictivas
Los mensajes ofensivos publicados en Twitter esta semana contra las víctimas del accidente aéreo han reabierto el debate sobre el modo de combatir este tipo de uso de las redes sociales e internet sin que por el momento las autoridades hayan logrado fijar un criterio claro. A lo largo del último año se han sucedido diversas respuestas políticas, policiales y judiciales en función de los mensajes vejatorios o directamente enaltecedores de conductas delictivas.
En abril del año pasado la Guardia Civil llevó a cabo la denominada « operación Araña » en la que fueron detenidas 21 personas acusadas de realizar enaltecimiento del terrorismo en la red. En sus tuits, decían cosas como «vuestros muertos son nuestra alegría y nuestra diversión»; «Gora ETA. Muerte al @PPopular y larga vida al terrorismo» o «Lástima que no haya ETA para que seas la nueva Irene Villa».
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el 14 de mayo en los pasillos del Congreso que su Departamento y el Ministerio del Justicia que entonces dirigía Alberto Ruiz Gallardón estaban estudiando conjuntamente la manera de «poner coto» a expresiones que, a su juicio, incitan al odio o hacen apología del delito. El ministro hizo esas declaraciones en relación a los comentarios degradantes que se habían vertido en las redes tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco .
La ley ya da respuesta
Tan solo dos días después de aquel anuncio de Fernández Díaz, desde la mesa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría puntualizaba que la ley actual vigente ya da respuesta a los insultos y la apología del delito en las redes sociales. A su entender, una acción como los comentarios difundidos tras la muerte de Isabel Carrasco pueden ser delito, independientemente del medio que use para difundirlos.
De hecho fueron varios los detenidos por estos comentarios. Dos de ellos en Valencia por publicar comentarios del estilo «aixina es faa ostia!!» (así se hace, hostia) o «a matarlos a tots!!!!» (A matarlos a todos) o Mes tirs al cap d PPeros!! (Más tiros en la cabeza de los PPeros). Otro fue detenido en Jerez de la Frontera por publicar en Youtube una canción compuesta por él en la que pedía la muerte de otros políticos corruptos.
Según informaron a Europa Press fuentes policiales, al detenido en Jerez se le acusaba de haber infringido los artículos 578 y 579.2 del Código Penal, ambos encuadrados en el «Capítulo VII. De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo».
Artículo 141
En cambio, a uno de los detenidos en Valencia se le acusó de haber infringido el artículo 141 del Código Penal, correspondiente al «Título Primero. Del homicidio y sus formas». Este artículo hace referencia a «la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los tres artículos precedentes (asesinato)».
En noviembre la Guardia Civil llevaba a cabo la segunda fase de la «Operación Araña» con el arresto de otras 19 personas acusadas de usar Twitter y Facebook para hacer apología del terrorismo con comentarios del estilo de «¿Alguien puede pegarle un tiro en la nuca a la infanta? Porfis» u «Ojalá ETA y los GRAPO reventando la coronación, que puto asco».
En el caso de los comentarios de mofa vertidos en torno al accidente aéreo las primeras pesquisas realizadas por la Policía no obvian el mal gusto del contenido de algunos tuits, pero de momento no hallan indicios para considerar a sus autores penalmente responsables de ningún delito. En estos comentarios se decían cosas como «ojalá que sean todos catalanes los muertos en el accidente del avión».
Discurso del odio
A la hora de analizar la respuesta judicial a estas conductas, el rapero Pablo Hasel o el joven que insultó gravemente en Twitter a la Delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ya fueron condenados por sus comentarios ofensivos difundidos en las redes sociales. La Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel al primero por enaltecer el terrorismo en sus canciones publicadas en youtube, mientras al segundo un juzgado de Madrid le impuso 1.300 euros de multa -tras un acuerdo entre las partes- por decir en Twitter: «calla puta que no tienes dignidad».
En la sentencia contra Pablo Hasel , la Audiencia Nacional se hacía eco de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en la que, según la sentencia, «late de una manera patente, que el discurso del odio no está amparado por la libertad de expresión en un Estado democrático».
Precisamente en la persecución de los delitos del odio es donde pretende encuadrar Interior la investigación sobre los comentarios ofensivos tras el accidente aéreo. El pasado diciembre, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, presentó un nuevo protocolo policial con el que el Ministerio del Interior pretende afinar al máximo en su declarada persecución contra este tipo de comportamientos.
60.000 euros de multa
Hay otras vías para perseguir estos comentarios como demuestra la decisión del secretario de Estado de Seguridad que el pasado febrero firmó la imposición de una multa de 60.001 euros y la prohibición de acceso a recinto deportivo durante cinco años a una persona que celebró en la red social Twitter el asesinato del hincha radical del Deportivo de la Coruña Francisco Javier Romero Taboada, alias «Jimmy» , tras la reyerta contra el Frente Atlético el pasado 30 de noviembre en los aledaños del estadio Vicente Calderón.
«Quiero manifestar mi más absoluta y sincera alegría por la muerte del del Depor. Un hijo de puta que no la liará otra vez. Ojalá mueran más», decía este individuo en uno de sus comentarios en la citada red social. «Los del Frente Atlético asesinos, tenéis retrasito verdad? Habían quedado para pegarse ambas partes. Lástima es que solo ha muerto uno», añadía.
Por este motivo la Comisión Antiviolencia elevó una proposición de sanción por infracción muy grave al entender que había incumplido el artículo 23.1b de la Ley contra la violencia en el Deporte que en ese punto persigue «la realización de declaraciones en medios de comunicación de carácter audiovisual o por internet, en virtud de los cuales se amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes en encuentros o competiciones deportivas».
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