fraude de los cursos de formación
Profesores de los cursos se alquilaban locales a sí mismos y se autocontrataban
En vez de contratar personal, el beneficiario de la subvención se ponía a sí mismo con una «sociedad trampa»
Informes especiales de la Intervención General de la Junta de Andalucía a los que ha tenido acceso ABC demuestran la inmensidad de argucias, trampas e ilegalidades en la que han incurrido los adjudicatarios de los cursos de formación en Andalucía.
Además de las ya reveladas por este diario el pasado martes , uno de los principales focos de fraude en los cursos, investigados en la operación Edu, ha sido el incumplimiento de los criterios de formación.
En infinidad de ocasiones, los «empresarios» que recibían la subvención para impartir un determinado curso se han colocado ellos mismos como profesores con contratos ilegales. Es el caso de J.J., una docente que impartía cursos en Málaga. Para ello, J.J. utilizó una empresa de la que es socia única y administradora única, con la que «se autocontrató como docente» pese a que no existía un contrato real, dado que el dueño de una sociedad de esta característica no puede contratarse a sí mismo, para evitar fraudes como autodespedirse periódicamente para cobrar el paro. Además, esta docente, también «se autocontrata como tutora y como realizadora de las funciones de gestión y coordinación, también sin contrato».
Así figura en el informe especial realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía , dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre los cursos impartidos entre los años 2009 y 2012 en Cádiz, Almería y Málaga.
Los fraudes no terminan ahí, ya que esta docente cargó a la Junta de Andalucía el arrendamiento de un local para impartir los cursos, casualmente, el mismo local donde desarrolla la actividad la empresa concesionaria. De este modo, un alquiler ficticio (los contratos no fueron validados ni declarados a Hacienda) se presenta como un gasto con cargo a la subvención.
Esta empresa ni siquiera presentó los documentos que acreditaban estar al tanto con Hacienda y con la Seguridad Social , sin que los inspectores de la Intervención pudieran comprobar si había alguna contratación real. Todas estas irregularidades no fueron óbice para que la empresaria cobrara las subvenciones. la Intervención de la Junta denuncia en los informes un comportamiento negligente por parte de los Servicios de Empleo de la propia Junta de Andalucía.
En esta línea, la investigación acredita que en otras ocasiones los beneficiarios de las subvenciones «colaban» gastos que habían generado personas o entidades vinculadas a ellos. Es el caso de un contrato de alquiler firmado entre dos empresas, la organizadora de los cursos y una supuesta arrendadora. Cuando los inspectores comprobaron quiénes administraban esas sociedades se encontraron con que «los dos apellidos de los respectivos representantes legales son coincidentes». Para más inri, la sociedad alquilaba sus locales a la de su familiar para que impartiera supuestamente allí los cursos, también era beneficiaria de una subvención en la misma convocatoria.
Incoherencias
Otra de las irregularidades que denuncian los inspectores de la Intervención General de la Junta de Andalucía es que los mismos docentes «unas veces cobran 34 euros a la hora y en otras ocasiones 95». Esto ha ocurrido, por ejemplo, en cursos impartidos en Málaga. Un fraude habitual en los cursos de formación consiste en que el organizador pacta con el profesor pagarle más y repartirse la diferencia o, directamente, el docente tiene que entregar a su empleador el sobreprecio total. De este modo, la empresa o academia o imparte el curso se lleva en dinero negro una parte de la subvención que paga la Junta de Andalucía.
Por otro lado, los inspectores de la Junta también han denunciado que en innumerables expedientes -una documentación obligatoria para autorizar el pago del curso- no se aportan «los modelos 190 de retención de IRPF acreditativo del pago de retenciones efectuadas en las nóminas» , por lo que cabe la posibilidad que muchos profesores trabajaran en negro. Esto ha ocurrido en varios cursos impartidos en la provincia de Cádiz. Además, ni siquiera constan los contratos laborales de todos los docentes.
Tal y como adelantó ABC el martes, algo más de la mitad de los cursos auditados, el 51%, presentan irregularidades. Uno de los principales fraudes es la contratación de «profesores fantasma». La Intervención ha encontrado docentes que, sin impartir clases de formación, cobraban por ellas: «Se imputan gastos de personas que no han desempañado labores de formador».
También se falsearon cursos enteros, duplicándolos. La misma empresa cobró dos cursos que «tenían la misma duración, se celebraron en el mismo periodo de tiempo (entre octubre de 2010 y mayo de 2011), con el mismo horario, en el mismo lugar, misma aula, con los mismo equipos, los mismos alumnos y los mismos monitores». Por otro lado, se cargaron cursos a subvenciones públicas impartidos en días festivos, como el 12 de octubre y el 25 de julio, pese a que el calendario oficial demostraba que ese día los alumnos no tenían clase. En otros casos, era imposible saber el número de alumnos, ya que no hay listas de firmas.
La Intervención de la Junta reprocha a las delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo que no comprobaran muchos de los expedientes y que dieran por buenos los que sí comprobaban pese a hallar irregularidades. En los tres casos -Cádiz, Málaga y Almería-, la Intervención concluye que la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo «no ha cumplido con la legislación aplicable». La operación Edu investiga cursos de formación irregulares en los que se han gastado unos 3.000 millones de euros de dinero público.
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