Catalá habría preferido que el sustituto de Ruz fuera un juez especializado y no el más antiguo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, habría preferido que en la sustitución del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz (cuya plaza ocupará en los próximos días José de la Mata) hubiera primado el criterio de especialización frente al de antigüedad, que el que hoy por hoy impera en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así lo ha reconocido esta mañana en un desayuno informativo organizado por Acijur y Thomson-Aranzadi en el que ha dicho que, con independencia de lo que para él hubiera sido lo deseable (en ese y en todos los demás concursos que se convovan para obtener plaza) cree «firmemente en la profesionalidad e independencia» de cada uno de los miembros de la carrera porque «ningún empleado público lleva la ideología a su puesto de trabajo». Se refería así al hecho de que en el currículo del que será el instructor de causas como Gürtel o los papeles de Bárcenas figure su paso por la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia durante la última legislatura de Zapatero. Haber trabajado en una administración pública «no inhabilita a nadie», ha dicho. «Pero eso hay que acreditarlo y demostrarlo en el quehacer cotidiano», ha advertido.

Catalá ha señalado que precisamente la reforma de la Ley del Poder Judicial aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros va encaminada a que la especialización de los jueces prime sobre la antigüedad a la hora de solicitar un destino. También en relación a esta ley, se ha referido al desconcierto que provocan las sentencias contradictorias sobre supuestos muy parecidos, que se refleja en inseguridad jurídica. Por eso, la nueva LOPJ contempla la celebración de Plenos no jurisdiccionales que fijen criterios comunes, evitando la contradicción entre juzgados diferentes.

El titular de Justicia también se ha referido a la reforma de la Ley de Enjuicimiento Criminal que previsiblemente será aprobada por el Consejo de Ministros el próximo viernes 13. Ha recordado que se agilizarán los plazos de la intrucción para evitar investigaciones eternas (seis meses que en el caso de las complejas puede llegar a 18) y que se cambiará el concepto de imputado por el de investigado para evitar «marcar» a una persona por el «simple hecho» de haber sido llamada a declarar ante un juez. En este sentido el proyecto de ley se mantiene en los mismos términos que el anteproyecto.

A su juicio, el momento en el que un responsable político debe abandonar su cargo no tendría que situarse en el momento de la imputación, sino en el de la apertura del juicio oral, que es cuando los indicios que han llevado a esa persona al banquillo son más sólidos que en el momento inicial de la imputación.