Descontrol absoluto de los fondos

ABC accede a los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre los cursos de formación en Cádiz, Almería y Málaga

Descontrol absoluto de los fondos EFE

J. CHICOTE

El mismo día en el que estallaba una nueva fase de la operación Edu, ayer, con más de cien detenciones, ABC tuvo acceso a los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre los cursos de formación en Cádiz, Almería y Málaga.

Se trata de tres provincias englobadas en la parte de la operación Edu denominada Costa, la segunda fase de este macrooperativo contra el fraude en la impartición de cursos formativos pagados con subvenciones públicas.

El contenido de los informes desvelados por este diario se refiere a cursos impartidos en las citadas provincias costeras durante cuatro años, en el periodo que va desde 2009 a 2012. Las irregularidades cometidas por los beneficiarios de los cursos de formación ante la pasividad de la Junta de Andalucía se produjeron durante la presidencia de los socialistas Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-20013).

ALMERÍALa Intervención de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Hacienda, concluye en el caso de Almería que en todos los expedientes de cursos con compromiso de contratación analizados por la Intervención, la empresa adjudicataria «incumplió la obligación de contratar al menos a un 65 por ciento de alumnado formado».

Además, «en la mayoría de los expedientes no se ha aportado la documentación mínima para el ejercicio del control de la auditoría». De hecho, uno de cada dos (el 51 por ciento, exactamente) de los cursos comprobados presentan irregularidades. «No hay listas de firmas», tampoco hay «criterio de selección de alumnos» y destaca un «inadmisible retraso en las tareas de justificación y liquidación de las subvenciones». Otras irregularidades detectadas en los cursos impartidos entre 2009 y 2012 son la ampliación de subvenciones «sin que conste la solicitud» y falta de «ofertas» diferentes que son necesarias para adjudicar obras por importe superior a 30.000 euros y servicios por más de 12.000. La Intervención concluye que la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Almería «no ha cumplido con la legislación que le es aplicable».

Cádiz

En el caso de Cádiz, los expedientes no incluyen las resoluciones de inscripción en el registro de Centros y Entidades de Formación Profesional, por lo que «no se puede comprobar que el beneficiario reúne las condiciones para impartir los cursos de formación». Además, «en ninguno de los expedientes se justifican los criterios de selección del alumnado, ni constan las actas de selección firmadas por los técnicos» de la Junta. Ni siquiera se llega a acreditar que los expedientes fueran publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). También se ampliaron plazos de ejecución de los cursos formativos sin que conste en los expedientes la justificación de esas ampliaciones.

La Intervención General de la Junta de Andalucía ha examinado 321 expedientes y en todos ellos se aprecia «un gran retraso en la tramitación del documento de justificación, pago y liquidación de la subvención». Por otro lado, las nóminas de los profesores no cuadran en varios expedientes: lo que cobra el monitor «excede del importe resultante de aplicar el coste de la hora de la nómina imputada a horas de docencia».

Málaga

«El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no ha realizado actuaciones diligentes a fin de iniciar o culminar expedientes de reintegro en aquellos casos en los que los beneficiarios han incumplido sus obligaciones». Así de tajante ha sido la Intervención General de la Junta de Andalucía en su informe especial sobre los cursos de formación impartidos en la provincia de Málaga. El informe, fechado en abril del año pasado, alerta de que los expedientes de reintegro están sujetos a un plazo de prescripción, por lo que si no se tramitan cuando procede, el empresario defraudador no devolverá el dinero.

Tampoco se ha acreditado el criterio de selección de los alumnos e incluso el numero de horas impartidas ni siquiera coincide con las subvencionadas. Por otro lado, la Junta pagó clases impartidas, supuestamente, en días festivos, pese a que el calendario oficial dejaba claro que esos días no había actividad formativa.

En ocasiones también se han «colado» gastos que no coinciden con los del curso, como un «tickets de la Taberna de Curro Castilla», que «no son un gastos relacionados con la actividad subvencionada».

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