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Vieira reitera que los jueces que ayudaron a la Comunidad de Madrid no incurrieron en incompatibilidad
El presidente del TSJM asegura ante el CGPJ que en ningún momento entendió que tuviera que pedir autorización al Consejo
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), Francisco Vieira, ha defendido este martes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los pagos que reciben jueces y otros juristas de la empresa Indra para mejorar los sistemas informáticos del Gobierno regional no son por tareas de asesoramiento, sino por una labor «creativa» que sí es compatible con sus funciones.
Vieira ha declarado ante el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, en el marco de la investigación abierta de oficio por parte del Consejo para averiguar si tanto él como otros 32 compañeros incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.
En su declaración, que ha durado menos de una hora, Vieira ha señalado que no pidió autorización al Consejo porque no lo consideró necesario al entender que su labor no era incompatible con la función jurisdiccional. Y ha vuelto a justificar los pagos en que se trataba de un trabajo que hacían fuera de su jornada laboral.
Confección de plantillas
Fuentes jurídicas han explicado que los juristas que han participado en esta labor, que consistía en la confección de plantillas en las que introduce jurisprudencia, habrían cobrado entre 200 y 500 euros mensuales, informa Ep.
Momentos antes de la declaración de Vieira en el CGPJ los jueces decanos han salido en defensa de sus compañeros a través de un comunicado y han defendido que estos pagos responden a una actividad «creativa» y compatible con sus cargos como jueces o magistrados.
En el comunicado emitido ayer, Vieira explicaba que la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de gestión procesal (GPRO) cuya puesta en marcha se inició en el año 2010 en Decanatos, Órganos Judiciales y Fiscalías, y que una de las ventajas de este sistema es el Compositor de Documentos, una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.
«La Comunidad de Madrid requirió de la colaboración de jueces y magistrados, además de otro personal de la Administración de Justicia», señalaba el texto, y explicaba que para ello se constituyeron grupos de trabajo en cada orden jurisdiccional, formado por un magistrado y un secretario judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y funcionarios.
Una intervención «esencial»
Según Vieira, la intervención de estos equipos ha sido «esencial» para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas «adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración». Además, añadía, todas las cantidades percibidas fueron declaradas a Hacienda.
También ha especificado que desde el comienzo de la actuación de estos Grupos de Trabajo y Comités, ha entendido que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos «estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343».
«Esta actividad es una forma de producción jurídica que redunda directamente a favor de la Administración de Justicia, por lo que entiendo que está exceptuada del régimen de incompatibilidades», ha sentenciado.
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