Hacienda contra Hacienda
Dos peritos de la Agencia Tributaria se contradicen sobre un fraude de 2,8 millones en impuestos y la Fiscalía opta por no acusar
Once años de instrucción judicial para investigar delitos de estafa, societarios, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública; una veintena de imputados, un desfile de peritos de la Agencia Tributaria y de fiscales (uno de ellos fue expulsado de la carrera y readmitido posteriormente) están a punto de cerrarse en falso. La Fiscalía ha presentado un informe en el que no aprecia delito fiscal; anuncia que no acusará a 18 imputados, presuntos emisores de decenas de facturas falsas, y dirige el mayor reproche penal hacia el empresario que denunció (después fue imputado en la causa). A los dos exsocios del denunciante -investigados por un fraude de 2,82 millones en impuestos (entre 2002 y 2005), manejo de una caja B y compras falsas de carburantes y neumáticos por valor de 3,2 millones- les considera solo autores de un delito de administración desleal.
El conocido en Galicia como caso Grúas Estación arranca en 2003 cuando el empresario Serafín Montenegro, uno de los tres dueños de la compañía, denuncia a Hacienda que él y sus dos socios en el Grupo Estación, su hermano Santiago Montenegro y su amigo Carlos Mosquera, llevan años ingresando dinero negro en las cuentas de la empresa, con sede en Padrón (La Coruña). Cuando intenta regularizar la situación sus socios lo echan de la administración del grupo, que él había levantado invirtiendo sus ahorros tras jugar como portero en Primera División. Al año siguiente comienza la causa penal en el Juzgado número 1 de esa localidad coruñesa, salpicada de avatares y que aún sigue abierta.
En el último informe del Ministerio Público, previo a la transformación en procedimiento abreviado, la fiscal Aranzazu San José hace suyas las conclusiones de un perito de Hacienda, José María González Seijo, incorporado a la causa años después del inicio, que revisó el exhaustivo trabajo realizado durante seis años por otro perito de la Agencia Tributaria Ángel Fernández Docampo. Uno y otro llegaron a conclusiones radicalmente opuestas, con la salvedad de que el segundo -al que se acoge ahora la Fiscalía- no analizó los soportes contables (facturas y albaranes), sino que realizó los cálculos sobre el trabajo del primero.
Donde uno apreció un fraude de 2,82 millones en impuestos no pagados (IVA e impuesto de sociedades) en tres años y la comisión de nueve delitos fiscales, su compañero estimó que ninguna de las supuestas cuotas defraudadas supera el límite de los 120.000 euros y por tanto no existe delito. Seijo recogía en su informe de 26 de noviembre de 2014 lo siguiente: «Lo expuesto en este informe es un trabajo juridico-tributario, no aporta nada que no puedan aportar las partes», pero de manera sorprendente ha sido el seguido por la fiscal (la tercera del caso) para renunciar a perseguir los delitos fiscales.
No solo eso. Este mismo inspector de Hacienda, designado para la causa porque ya había emitido otro dictamen sobre la empresa referido a años posteriores, dictaminó que Talleres y Grúas Estación formaba parte de «una trama organizada de facturación irregular» en la que se ha investigado a más de 500 empresarios gallegos, el caso conocido como «Las Cinco Jotas». Esa calificación consta en un documento de la Agencia Tributaria de marzo de 2012, al que ha tenido acceso ABC, y en el que Seijo solicita una ampliación de plazo para inspeccionar debido a la complejidad del fraude.
A la vista de este documento, el técnico de la AEAT no solo contradice a su compañero, para quien el grupo «falseaba de forma organizada y sistemática los resultados económicos reales de su actividad» con lo que detrajeron seis millones de euros del patrimonio social, sino que con dos años de diferencia se contradice a sí mismo. Sin embargo, la fiscal sigue el criterio del inspector Seijo y ha avanzado que acusará al denunciante de un delito contra la Hacienda Pública y otro de administración desleal mientras que a sus socios solo les imputa el segundo de los delitos. Considera además que debe sobreseerse la causa respecto a los otros 18 imputados, responsables de las empresas que emitieron las facturas falsas. «La diferencia de precios apreciada o la falta de justificación formal a través de albaranes no son inidicos suficientes para afirmar que dichas transacciones no se han producido. No existen pruebas suficientes para afirmar que sean falsas», sostiene la fiscal quien añade que fueron confeccionadas en 2003 y 2004 y por tanto el delito habría prescrito.
El abogado del denunciante, José Antonio Choclán, incide en el «asombroso cambio de criterio» del Ministerio Público, que se preguntaba en 2011 por qué estaba imputado Serafín Montenegro «denunciante e imputado en esta causa no sabemos muy bien respecto a qué». «Desde entonces, no se han practicado nuevas diligencias que lo incrimen», sostiene y «se pretenden introducir nuevos hechos relativos a años anteriores que no han sido objeto de investigación».
«Resulta sorprendente la actitud del ministerio fiscal, alineada y complaciente ahora (con el cambio de representante del Ministerio Fiscal) con los imputados Santiago Montenegro y Carlos Mosquera». Choclán advierte que se están «dejando de perseguir clamorosos delitos contra la Hacienda Pública tomando partido anticipado por un seudo informe no sometido a contradicción (se le denegó interrogar a Seijo), aparecido tardíamente después de dictarse el primer auto de procedimiento abreviado, y claramente orientado a corregir la investigación para ser útil a las pretensiones de sobreseer los delitos fiscales». Ahora la Abogacía del Estado y la juez Berta Vidal tienen la palabra.
