tribunal constitucional
El TC ultima su respuesta al desafío secesionista de Artur Mas
Cuatro magistrados pondrán en común sus ponencias sobre los recursos presentados contra la ley de consultas y el 9-N
Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) trabajan desde hace semanas en equipo para ultimar las ponencias que tienen que abordar en Pleno en relación con los recursos del Gobierno contra dos leyes de Consultas catalanas, la convocatoria inicial del 9-N y la del denominado «proceso participativo» que finalmente se celebró a iniciativa del Ejecutivo de Artur Mas.
Dos de los magistrados son de sensibilidad progresista -Luis Ortega y Juan Antonio Xiol- y otros dos, conservadora -Pedro González-Trevijano y Ricardo Enríquez-. Los cuatro están manteniendo reuniones y ultimando el contenido de las ponencias que podrían debatirse en el Pleno que se celebrará los días 17, 18 y 19 de este mes.
La vigencia de dos de las normativas recurridas, la última Ley de Consultas, aprobada en septiembre pasado, y el decreto de convocatoria inicial de los actos del 9-N fue suspendida el pasado 29 de septiembre por cinco meses, informa Ep.
Por ello, el Tribunal debe decidir estos días si quiere zanjar ya definitivamente el asunto llevándolo al último Pleno ordinario del mes o bien a una sesión extraordinaria antes de que llegue marzo. Si finalmente no se llega a una resolución sobre el fondo deberá, en todo caso, discutir sobre una prórroga de la suspensión que pesa sobre ambos textos.
Cuatro recursos pendientes
El Gobierno presentó estos recursos ante el TC argumentando que una comunidad autónoma no tiene competencia para organizar un referéndum y, además, en el caso de la convocatoria del 9-N, que «su contenido atenta contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español» y contra la «indisoluble unidad de la Nación española».
Ortega es el ponente del recurso más antiguo, el presentado en su día por el Gobierno contra ley catalana de consultas populares de 2010, que es la que permite solicitar al Ejecutivo central la convocatoria de referendos sobre «cuestiones de especial trascendencia política».
El TC suspendió inicialmente la vigencia de esta ley de forma automática en cumplimiento de la propia Constitución (artículo 161.2), que así lo establece cuando es el Gobierno el que presenta los recursos de inconstitucionalidad y lo solicita de forma expresa. No obstante, la suspensión se levantó en junio de 2011 y desde entonces el asunto está sin resolver.
Contra el proceso participativo
El segundo recurso pendiente es el presentado por el Gobierno contra la última Ley de Consultas, aprobada por el Parlamento Catalán en septiembre de 2014 y que sirvió de fundamento a la convocatoria inicial de consulta diseñada para el 9 de noviembre. El ponente de este recurso es González-Trevijano mientras que Xiol fue el designado para el que se presentó al mismo tiempo contra la convocatoria inicial de consulta soberanista. En el equipo se ha integrado Enríquez por ser experto en contencioso-administrativo.
El último recurso que debe resolverse en relación con el 9-N es el presentado contra el denominado «proceso participativo», que fue igualmente suspendido, junto con sus actos de preparación, si bien final el Gobierno autonómico de Mas lo celebró. Ello le ha costado una querella por desobediencia que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
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