Justicia se replantea las escuchas sin autorización judicial previa
El PP borra del Código Penal las «medidas de seguridad» para presos peligrosos
El Ministerio de Justicia tiene previsto retirar del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) la regulación de la llamada " intervención de comunicaciones sin autorización judicial previa" una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga público el informe en el que plantea "serias dudas" sobre el "encaje constitucional" de tal práctica.
Los grupos de oposición ya se expresaron en contra de los «pinchazos»
La interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas por parte de la Policía sin una orden judicial por razones "de urgencia" fue introducida en el texto como una medida de agilización procesal pensada, sobre todo, para los delitos de corrupción, terrorismo, menores o cometidos por bandas organizadas. No obstante, según fuentes del PP a las que ha tenido acceso a este diario, el pronunciamiento en contra del CGPJ que se espera para este lunes dará la razón a quienes, dentro del Ejecutivo y el partido, creen que no cabe habilitar la posibilidad de esos "pinchazos" no autorizados "cuando en España existen jueces de guardia las 24 horas a los que solicitar el permiso".
De acuerdo con las mismas fuentes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá , no insistirá en sacar adelante la propuesta, que puede colisionar con el artículo 18.3 de la Carta Magna que consagra el derecho al secreto de las comunicaciones y no ajustarse al 55.2, que contempla suspenderlo solo en caso de bandas armadas o terrorismo.
Borrar esta iniciativa de la LeCrim podría allanar, de paso, el camino hacia el consenso con los grupos de oposición, que ya se expresaron en contra de los "pinchazos". Desde el PSOE, su líder, Pedro Sánchez , clamó que supondrían "un recorte de derechos" y avanzó que, de aprobarse, llevarían toda la reforma de la ley al Tribunal Constitucional.
Terrorismo, con el PSOE
La reticencia de los socialistas a alcanzar acuerdos en materia legislativa se atribuye en el PP al intento de Sánchez por repetir los esquemas de Podemos y frenar al sangría de votantes en el socialismo, pero preocupa que en esa estrategia ponga ahora en riesgo un pacto sobre medidas antiterroristas que el Gobierno ha ofrecido al PSOE.
El PP renunció ayer a las denominadas «medidas de seguridad»
La negociación se emprenderá la próxima semana después de que ayer decidiera separarse de la que aborda la reforma del Código Penal, marco en el que los populares propusieron, entre otros, endurecer la propagación de ideas islamistas por Internet. En relación a esos planteamientos del PP, el secretario general de los socialista dijo ayer que su partido se siente "muy lejos" y que esperarán a ver "exactamente cuál es la voluntad que tenga el Gobierno de España en esta cuestión".
De momento, en el conjunto de la modificación del Código Penal que se tramita en el Congreso y se aprobará el próximo 20 de enero tampoco hay acuerdos. En aras del entendimiento, el PP renunció ayer a las denominadas "medidas de seguridad", también ampliamente rechazadas por la oposición, previstas para el internamiento de presos de especial peligrosidad en centros tras el cumplimiento de sus condenas. Pendiente de discutir en comisión queda la edad penal para mantener relaciones sexuales, que no estará en 16 años como propuso el PP.
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