El Gobierno propone a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado

La fiscal de sala de menores se convierte en la primera mujer que dirigirá a todos los fiscales

El Gobierno propone a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado ABC

N. Villanueva

El Gobierno ha propuesto a Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, fiscal de Sala coordinadora de Menores como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Eduardo Torres-Dulce .

La propuesta llega cuando todavía no se han cumplido 24 horas del anuncio de dimisión de Eduardo Torres-Dulce por su falta de sintonía con el Gobierno . Se trata de la primera mujer que se convierte en fiscal general.

Una vez que el Congreso realice la propuesta de nombramiento, será necesario que el Consejo General del Poder Judicial emita el correspondiente «informe de idoneidad», es decir, constatar que cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder al cargo. Ese dictamen está previsto que lo realice de forma inmediata, el próximo lunes. El CGPJ podría celebrar ese día un pleno extraordinario.

Posteriormente, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que la nueva fiscal general pueda comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara. Cumplidos esos trámites, se producirá ya la designación oficial.

Madrigal no pertenece a ninguna asociación de jueces y cuenta con una experiencia dilatada como fiscal. En junio de 2013, Eduardo Torres-Dulce le propuso que continuara en su cargo al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores durante un nuevo periodo de cinco años. Una decisión que fue refrendada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Con anterioridad, fue fiscal destinada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ingresó en la Carrera Fiscal hace más de treinta años y se hizo cargo de la Fiscalía de Menores cuando fue creada en 2007 dentro de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Uno de los objetivos de la Sala Coordinadora de Menores era agrupar los protocolos de actuación en la protección de los derechos fundamentales de los menores, aunando también criterios de actuación.

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