Las asociaciones de prensa apoyan a ABC y ven «inaceptable» la postura de Andreu
La FAPE: «Se ha podido atentar contra los principios más básicos del periodismo»
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) consideró ayer «inaceptable» la decisión de Fernando Andreu de controlar los teléfonos de dos periodistas de ABC a raíz de que publicaran una exclusiva sobre la vinculación entre el extesorero del PP Luis Bárcenas y la Camorra italiana. En similares términos reaccionó la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), para la que el magistrado de la Audiencia Nacional «puede incurrir en una conculcación de la libertad de información si, como consecuencia de tales actuaciones, se ha vulnerado el derecho al secreto profesional de los informadores».
Tal y como informó ayer este periódico, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, pidió a Movistar todos los datos telefónicos de los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, desde el 1 al 11 de julio, tras abrir una pieza separada el día 14 de ese mes por posible revelación de secretos. El magistrado incoó esa pieza secreta después de publicar ABC tres días antes, el 11 de julio, parte de una conversación telefónica entre Ciro Rovai, presunto miembro de la Camorra napolitana, con un conocido suyo en la que hablaban sobre Luis Bárcenas, extesorero del PP, sin citarlo por su nombre, sino solo por su cargo.
En un auto dictado el pasado 2 de septiembre, el magistrado de la Audiencia Nacional pidió el listado de las llamadas telefónicas y la identidad de todos los que se comunicaron por esa vía con los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Después de levantarse el secreto de sumario, esa información sobre el tráfico de llamadas que los dos redactores generaron habría acabado, sin ningún filtro ni reserva, en manos del abogado defensor de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. Hay que destacar que este abogado ya se había querellado contra los dos profesionales de ABC y su Director, Bieito Rubido, por la citada información sobre su cliente.
Secreto profesional
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) consideró ayer que el rastreo ordenado por el magistrado Fernando Andreu de las conversaciones que mantuvieron los dos periodistas desde sus móviles «puede atacar a la libertad de información si como resultado de esa investigación se ha vulnerado el derecho al secreto profesional de los periodistas» . La FAPE muestra especial preocupación ante la «circunstancia de que esa información sobre las llamadas está ahora en poder de la defensa» del extesorero del PP. La revelación de los datos sobre las llamadas de ambos profesionales «puede descubrir a sus fuentes, con lo que no se respetaría el secreto profesional».
Por todo ello, quiso expresar «su más enérgica protesta ante unos hechos que pueden atentar contra los principios más básicos del periodismo». Además, recordó «una vez más» que «sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia».
En muy similares términos se expresó la APM, para quien «la decisión del juez Fernando Andreu de someter a dos periodistas de ABC a una investigación sobre las conversaciones que mantuvieron desde sus teléfonos móviles puede incurrir en una conculcación de la libertad de información si, como consecuencia de tales actuaciones, se ha vulnerado el derecho al secreto profesional de los informadores». «La revelación de estos datos -reiteró la Asociación de la Prensa de Madrid- puede dar a conocer las fuentes de los periodistas, por lo que, si así fuera, el secreto profesional quedaría totalmente desvirtuado, en un clara vulneración de la libertad de información».
Cuando Fernando Andreu ordenó el rastreo de los teléfonos móviles de los dos periodistas de ABC, investigaba un supuesto delito de revelación de secretos, que, en opinión del magistrado, se habría cometido tras la publicación por este periódico del contenido parcial de la comunicación telefónica que mantuvo en abril de 2013 un mafioso detenido en la «operación Tarantela» contra clanes de la Camorra napolitana con otra persona, a la que comentó sus conversaciones con Bárcenas antes de que éste ingresara en prisión. Al no ser este delito competencia de la Audiencia Nacional, la Fiscalía pidió al magistrado que se inhibiera a favor de los juzgados ordinarios, con lo que el caso está ahora mismo en los juzgados de Plaza de Castilla.
No hay delito de revelación
La APM rechazó «rotundamente» que los dos redactores de este periódico hayan incurrido en un delito de revelación de secreto sumarial. «Tanto si el secreto tiene por objeto hacer posible la investigación y el acopio de pruebas, como si se justifica por la protección de la presunción de inocencia de los encausados, lo reprobable no es que los periodistas difundan las noticias que reciben al respecto, sino que, en su caso, alguien se las dé incumpliendo el deber de sigilo». Así pues, prosigió en su comunicado, el secreto sumarial, en definitiva, es difícilmente vulnerable sin la colaboración explícita de quienes deben protegerlo».
Confidencialidad
«El periodista puede y debe dar a conocer cualquier información que sea veraz y de interés general , al mismo tiempo que tiene el deber de garantizar la confidencialidad de las fuentes de información», concluyó la APM.
Fuentes jurídicas consultadas por ABC también dudan de que la actuación del magistrado haya sido correcta en este caso por su desproporción, ya que la escucha publicada no afectaba a la investigación del juez sobre la Camorra y fue publicada solo cuando los detenidos ya estaban a disposición judicial. Además, hay que recordar que puso en libertad a 31 de los 32 detenidos, si bien luego la Sala revocó dos de esas órdenes.
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