Un español condenado por tráfico de armas cumplirá condena en España

Después de ocho años en prisión por tráfico de armas en Perú, el español Juan Manuel López Rodríguez se dispone a seguir cumpliendo su condena en España. Así lo autorizó el viernes el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

López Rodríguez está en la cárcel por delitos tipificados por la legislación peruana como suministro ilegal de armas de fuego, delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado (peruano), conspiración y actos hostiles contra un Estado extranjero, así como asociación ilícita para delinquir. Dichos delitos se corresponden en el Código Penal español con tráfico de armas, delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado y asociación ilícita.

Según los hechos que la justicia peruana consideró probados, durante 1998 varias personas relacionadas con el Gobierno de aquel país se pusieron en contacto con miembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia) para pactar la compra por la guerrilla de 10.000 fusiles AK-47.

López Rodríguez actuó de intermediario en la operación, para lo que contactó con personas que se ofrecieron a conseguir armas del Gobierno jordano, mientras que otros se encargarían de su transporte y su lanzamiento en paracaídas. Los contratos fueron firmados por personas que se hacían pasar por miembros activos del ejército peruano.

Finalmente, se realizaron cuatro vuelos, en cada uno de los cuales se transportaron 2.500 armas, y, aunque la supuesta finalidad era abastecer al ejército de Perú en una operación secreta, la realidad es que esas naves con destino a Perú lanzaban las armas en territorio colombiano. Posteriormente disfrazaban la operación ilícita realizando para los viajes de vuelta supuestas exportaciones de madera, café o fruta.

Cuando la CIA descubrió la compraventa de fusiles entregó esa información al asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos, quien temió verse descubierto, y para encubrirse 174 «destapó» supuesto plan de tráfico de armas encabezado por una organización criminal internacional, con la intención de atribuir la revelación a un logro del servicio de inteligencia peruano.

El traslado cumple lo estipulado en el vigente Convenio establecido con Perú y cuenta, además, con el consentimiento del interesado.