Javier Moscoso: «No hubo una voluntad real de investigar a fondo la trama del 23-F»
El exministro de Presidencia y exfiscal del Estado habla para ABC
Era un hombre de Francisco Fernández Ordóñez y abandonó junto a él la UCD de Suárez para convertirse más tarde en uno de los diecisiete ministros del cambio de Felipe González. Modernizó la Administración Pública cuando ni se sabía el número de funcionarios existentes entonces y cedió, sin querer, su apellido en el decreto de los días de libre disposición, «los moscosos», como solución a aquello de que «no había ni una peseta» que le dijo a Miguel Boyer.
Contra su voluntad, asumió la Fiscalía General del Estado, un puesto que, en su opinión, debe depender del Gobierno. Lleva 14 años como presidente del consejo de redacción de la editorial jurídica Aranzadi. Ahora dispone del tiempo a su antojo. Recién cumplidos los 80 años, Javier Moscoso, pausado y menos serio de lo que quiere aparentar, no obstante se exalta cuando revela cómo le indignó que no se investigara a fondo del 23-F, o cómo se encontró la Administración, con esas eternas colas en las ventanillas. Solo baja el tono de voz, mientras golpea suavemente la mesa con el tapón de una botella de agua, cuando se enfrenta a sus recuerdos como fiscal general del Estado durante la investigación de los GAL.
-Usted era leal a Fernández Ordóñez.
-Éramos muy buenos amigos e ideológicamente afines, del grupo socialdemócrata, un sector más de izquierda que la media de UCD. No podríamos haber militado en el PSOE cuando este partido se confesaba marxista. La decisión de Felipe González de renunciar a esa herencia fue trascendental.
-Exigió acelerar el consejo de guerra para desmantelar la trama golpista. ¿Hubo voluntad de investigar el 23-F?
-Esa intervención en la Diputación Permanente fue fruto de una irritación personal. La realidad es que la trama civil quedó impune. El 23-F había sido financiado, se conocía que había reuniones previas con civiles que habían colaborado aunque no entraron en el Congreso. No se llegó al fondo de la investigación. ¿Por qué? Serían razones de Estado, pero no hubo ningún civil imputado.
-¿Dejar el partido del Gobierno junto a Ordóñez para crear otra formación política fue una traición?
-A Leopoldo Calvo Sotelo le dijimos que le apoyaríamos toda la legislatura y que votaríamos a favor de la UCD en todas las cuestiones de Estado, como el ingreso en la OTAN. Nunca tuve la sensación de estar en un partido, era algo más anárquico. UCD no tenía ya consistencia ideológica, no había disciplina, todo funcionaba por camarillas. Reconozco que aceleramos la ruptura. Rompimos radicalmente en la votación de la Ley del Divorcio. ¡Era casi imposible divorciarse! Hubo también mucha oposición de la Iglesia, que cedió cuando Ordóñez prometió a los miembros de la Conferencia Episcopal que la nulidad canónica produciría efectos civiles. Les preocupaba menos el aspecto espiritual que cerrar la ventanilla del negocio.
-Después de vencer reticencias en el PSOE llegó su incorporación a sus listas en las elecciones de 1982.
-Los socialistas nos decían: ‘‘Os acogemos con gran entusiasmo, pero mejor en otra provincia’’. Nos incorporamos siete del Partido de Acción Democrática y, cuando Felipe González formó Gobierno, fui el único al que nombró ministro. Aquellas elecciones se ganaron porque González tenía una fuerza incuestionable y había, además, un programa político muy detallado. Recuerdo que asumí la responsabilidad de la función pública, y tenía ya todos los borradores. Y algo que irrita: carecíamosde pecados, éramos «vírgenes», algo parecido a lo que ocurre con Podemos.
-¿Considera que esa formación tiene programa?
-No. Es un partido de aluvión. Tiene muchos caballos, pero no cuenta con jinetes. Han tenido la suerte de presentarse a unas elecciones que tenían circunscripción electoral única, con un esbozo de programa y con un solo saco en el cual depositar todas las papeletas. No van a las municipales porque no saben con quién se encontrarán. Una cosa es tener votos y otra dejarle el cabeza de lista de Zaragoza o Sevilla a un fulano al que no conoces.
-En 1984 reconoció que tuvo que realizar un «ímprobo esfuerzo» para contar «casi con los dedos» a los funcionarios. ¿Cómo se encontró la Administración Pública?
-¡No se sabía cuántos funcionarios había! De algunos solo teníamos la cuenta corriente donde se les ingresaba el dinero, porque no iban. ¡Los habían enchufado! Era un disparate, con gestorías especializadas en sacar certificados en 24 horas, que despachaban en los bares alrededor del Ministerio de Justicia. Organizamos los horarios, que ficharan, porque iban cuando querían. Hay que simplificar la Administración. Lo que irrita al ciudadano es que lo mareen, quiere solucionar todos sus problemas en una sola ventanilla.
-Dejó para la posterioridad su apellido, los famosos «moscosos»
-Todavía no teníamos problemas con los sindicatos y si pactábamos un 1% de aumento salarial no iban a la huelga. Llamé a Miguel Boyer y se lo comenté. Me contestó muy cáustico: «No hay ni una peseta». Y colgó. Volvimos a las negociaciones y se nos ocurrió este pago en especie. Los representantes sindicales se quedaron desconcertados. Discutimos los días, querían doce y se quedaron en seis, y no hubo huelga aquel año. Al pedir el permiso, como no se acordaban de la fecha del decreto, para simplificar la solicitud escribían: «Solicito un permiso de los que dio el señor Moscoso». Y así se quedó.
-En 1986 le nombran fiscal general del Estado y declara que «es prioritario acabar con la actual lentitud de la Justicia». ¿Estamos en las mismas?
-Hay que terminar con la fase escrita del proceso penal. La investigación tiene que llevarla el fiscal y debería desaparecer el juez de instrucción. Acabaría con los jueces estrella, no habría que agotar la investigación cuando ya tienes un delito claro, y con el caso de las tarjetas se podría celebrar el juicio la semana que viene por administración desleal. La justicia es muy lenta. Después de 22 años se ha condenado a Núñez, expresidente del Barcelona. A un señor de ochenta años no se le debe meter en la cárcel por hechos que ocurrieron tantos años atrás, salvo si es un criminal. Tampoco soy partidario de la obsesión de ser ejemplarizantes con determinadas personas, porque no deja de ser una quiebra del principio de igualdad.
-¿Se refiere usted a Isabel Pantoja?
-Hablo en términos generales. A Isabel Pantoja me hubiera gustado defenderla jurídicamente.
-Al haber sido antes ministro del PSOE, le podían decir que era más el fiscal general del Gobierno
-La independencia está mitificada. Me gusta la figura del fiscal anglosajón, y en ese sentido, habría que reforzar su dependencia con el Gobierno, que tenga responsabilidad política y pueda ser llamado al Parlamento.
-¿Se tienen que pedir explicaciones al fiscal general del Estado por el 9-N?
-No. Ni tienen, ni pueden ni deben. El señor Torres Dulce es un jurista experto en Derecho Constitucional de gran categoría. A mi juicio, ha actuado conforme a la legalidad y haciendo uso de la prudencia que exige el cargo.
-¿Procede la querella contra Mas?
-Políticamente es un error reiterado en España desplazar a los jueces la solución de los problemas políticos. Y jurídicamente tengo serias dudas de que el delito de desobediencia que se le imputa a Mas sea aplicable. El TC no hace la advertencia, y para incurrir en ese delito tienes que ser advertido. Muchos medios que ahora lo ven claro se quejaban de esa intencionada omisión del TC, porque haría muy difícil perseguir por desobediencia a Mas y compañía.
-¿Hubo presiones del Ejecutivo en el caso GAL?
-No. Fue un asunto muy duro para mí, pero presiones, ninguna. Hice lo que creía que había que hacer. No tuve conversaciones con Felipe González. Fue siempre muy respetuoso. Nunca vi la necesidad de que declarara en el caso GAL.
-Declaró en secreto ante el juez Pablo Ruz por la negociación entre el Gobierno de Zapatero y ETA en 2006
-Fui requerido para una responsabilidad de Estado, que era mantener conversaciones con ETA autorizadas por el Parlamento, para intentar convencerles de que desistieran de la lucha armada, ya que no iban a conseguir un objetivo político. La logística la llevaba una organización dependiente de la ONU que estaba en Ginebra. Estuve en tres reuniones, y aunque se dijo que habían fracasado creo que tuvieron algunas consecuencias positivas: hasta el atentado de Barajas, no se asesinó a nadie y contribuyeron a la división de ETA.
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