El PP espera que los responsables de la «patochada» del 9-N sean juzgados y condenados

El PP espera que la la Fiscalía actúe contra los responsables de la consulta del 9-N celebrada en Cataluña pese a la prohibición del Tribunal Constitucional . Así lo ha manifestado el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, que ha recordado que la Fiscalía ya está investigando «dónde, cuándo y quién cometió el delito».

Entrevistado en la Cadena Cope, De la Serna ha afirmado: «La Fiscalía ha abierto actuaciones y está investigando dónde, cuándo y quién cometió el delito. Se van a producir, probablemente, imputaciones y quien haya cometido un delito será juzgado y condenado».

En efecto, la Fiscalía Superior de Cataluña, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ultimaba en la noche de ayer lunes una querella que podría ser presentada en las próximas horas por los hechos delictivos que pudieron cometerse durante la jornada del domingo.

Según fuentes jurídicas citadas por Efe, como consecuencia del desarrollo de las diligencias de investigación llevadas a cabo el domingo y de las diferentes denuncias presentadas en los juzgados de guardia, «las bases de la querella son jurídicamente muy sólidas».

De la Serna dijo ayer que el TC «podría haber tomado la iniciativa» para impedir la consulta catalana. Hoy, en la Cope, el portavoz popular ha explicado que la ley orgánica del TC le faculta a adoptar «determinadas medidas para garantizar que sus resoluciones sean debidamente cumplidas».

No obstante, el diputado del PP ha admitido que no era fácil parar la consulta del 9-N porque la Generalitat de Cataluña y su presidente, Artur Mas, se habían comprometido a cumplir la ley. Pero la «patochada» se celebró en «locales públicos, con los Mossos movilizados y con funcionarios públicos». Por este motivo espera que las actuaciones de la Fiscalía impute a quienes hayan incurrido en un acto delictivo.

«Esos delitos —ha explicado— los habrían cometido los responsables políticos y administrativos, que colaboraron en la cesión de colegios, locales públicos y medios públicos, en general, para la realización de esto que se ha llamado proceso participativo alternativo».