PSOE e IU la toman otra vez con la Iglesia
Es un clásico: cuando los socialistas están en horas bajas, arremeten contra la institución Católica. Ahora se comprometen, como La Izquierda Plural, a trabajar para revertir «el escándalo» de las inmatriculaciones
Parece haber una regla no escrita en el PSOE, según la cual, cuando atraviesan horas bajas, lo más a mano es meterse con la Iglesia para intentar recuperar algo de predicamento entre los suyos. La experiencia dice que no funciona y que, además, cuando los socialistas han gobernado, no han llevado a la práctica ninguna de las promesas que anuncian una y otra vez.
Ayer volvieron a sus mensajes clásicos. El Grupo Socialista en el Congreso denunció otra vez que que la apropiación masiva de bienes de patrimonio histórico y cultural y bienes públicos que ha realizado la Iglesia Católica gracias a la reforma de 1998 del Gobierno de Aznar de la Ley Hipotecaria es «el mayor escándalo inmobiliario de la historia de la democracia». Lo hicieron después de que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, y sus portavoces de Economía y Justicia, Juan Moscoso del Prado y Rosa Aguilar, se entrevistaran con las Plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y Mezquita-Catedral de Córdoba, con el objetivo de estudiar conjuntamente cuál es la estrategia más adecuada para lograr la reversión de todos los bienes inmatriculados ilegítimamente por la Iglesia Católica en toda España.
Desde IU, su coordinador federal de IU, Cayo Lara, manifestó directamente que llevará al Tribunal Constitucional a la Iglesia Católica por haber perpetrado «el mayor pelotazo inmobiliario que se ha producido en España» en democracia. «Vamos a acudir al Tribunal Constitucional para que devuelva al pueblo lo que es del pueblo y que nunca debió salir del pueblo», advirtió Cayo Lara, quien denunció que la «usurpación» de bienes públicos por parte de la Iglesia Católica.
En una nota de prensa, los socialistas explican que ellos han valorado las diferentes alternativas que existen para lograr ese objetivo, que compartimos plenamente» y que se ha acordado con las plataformas «coordinar las actuaciones políticas y jurídicas que sean necesarias para lograr su reversión». En cualquier caso, el PSOE no detalla si entre esas actuaciones jurídicas está recurrir ante el Tribunal Constitucional la inmatriculación de los bienes, algo que demandan las plataformas y que requeriría la firma de, al menos, 50 diputados.
