«Hoy más que nunca la Justicia es un factor clave para la regeneración democrática»

«Hoy más que nunca la Justicia es un factor clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones, derivada de la existencia de graves casos de corrupción». Es uno de los puntos de la declaración institucional suscrita por los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia, que defienden que la reforma integral de esta administración constituye una «medida imprescindible para contribuir» a esa regeneración.

El texto, fruto de una reunión que han mantenido esta semana en La Coruña, subraya que es necesaria una «decidida voluntad política de transformación», que debe sustentarse en dos pilares: una nueva planta y demarcación judicial y otro modelo de proceso penal que dé una respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia, «que están socavando las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas». Los jueces proponen una reforma «urgente y en profundidad» para reducir al máximo el número de aforados y limitando esta figura a los delitos cometidos al ejercicio del cargo.

Asimismo, aseguran que están trabajando en un contexto de leyes «inadecuadas» y de «graves deficiencias organizativas y tecnológicas» que perjudican la eficacia y efectividad de la función judicial. Ambos factores, dicen, han sido en buena parte determinantes del «continuo desprestigio» de la Administración de Justicia por sus retrasos, ineficiencia, costes y calidad.

Y es precisamente a los retrasos en la resolución de los asuntos, a la justicia tardía, a la que se refieren los jueces como uno de los principales males de la actividad jurisdiccional: «Es una realidad objetiva que en todos los órganos jurisdiccionales» hay togados que «llevan sus agendas de vistas y señalamientos a fechas excesivamente lejanas en el tiempo», sostienen.

Los jueces proponen así «impulsar y agilizar los procesos complejos, principalmente los de corrupción, a través de medidas legislativas. Además, consideran «imprescindible» mejorar la gestión de las medidas de refuerzo en órganos judiciales sobrecargados y extraer de los juzgados los procedimientos penales sin autor conocido, una medida «imprescindible» para reducir la elevada litigiosidad en los juzgados.