Los mossos del «caso Raval» se enfrentan a 11 años de cárcel

La fiscal del caso Raval, que investiga la muerte del empresario Juan Andrés Benítez tras ser reducido y golpeado por mossos d’esquadra en una céntrica calle de Barcelona, pide once años de cárcel para seis de los agentes implicados en la operación. Benítez falleció el 6 de octubre de 2013 tras ser reducido por hasta ocho mossos, que habían acudido al lugar alertados por una pelea.

Según se desprende de la calificación previa al juicio con jurado popular, la fiscal concluye que los policías «colocaron a la víctima en una clara situación de riesgo y peligro que podía desembocar en su fallecimiento» y les acusa de un delito de homicidio por dolo eventual y de otro contra la integridad moral. Los agentes, añade la acusación, redujeron a Benítez de forma «excesiva y desproporcionada, tanto en la duración temporal, que pudo ser superior a 12 minutos, en el número de mossos intervinientes, un total de ocho, como en la fuerza física ejercida sobre la víctima». La Fiscalía también pide para otros dos mossos -la agente que permitió que una vecina borrara imágenes del suceso y el que limpió la sangre de la calle- un año y medio de cárcel tras atribuirles un delito de obstrucción a la justicia y solicita la absolución de otros dos agentes.

Según el Ministerio público, los mossos provocaron al fallecido «un estado de estrés que, unido a los golpes, puñetazos, rodillazos y patadas diversas que le propinaron y el uso de porra o defensa policial en posición horizontal, llevaron a aquel a un estado de inconsciencia y a una situación de parada cardiorrespiratoria». Benítez falleció, apunta el escrito, debido a las lesiones que le provocaron los mossos d’esquadra, unido a la situación de estrés derivada de la propia contención, que se agravó por la dolencia cardíaca que la víctima padecía y el consumo de cocaína en horas previas.

Los mossos, añade la fiscal, fueron conscientes de las lesiones que estaban causando a la víctima, algunas de carácter grave y que fueron presenciadas por el resto sin que hicieran nada por impedirlas, «mas al contrario facilitaron, favorecieron y coadyuvaron a su causación». Es por todo ello que, además de las penas de cárcel, también pide que indemnicen conjuntamente a la hermana de la víctima con 100.000 euros, de los que respondería subsidiariamente la Generalitat.