En España no es común que se declare persona «non grata» de manera pública a alguien. Sin embargo, existen casos. A nivel nacional, fueron muy mediáticas las expulsiones de dos miembros del cuerpo diplomático ruso en Madrid. Y, a nivel local, cuanto menos pintoresco fue el caso de Ana Pastor, ministra de Fomento, quien fue declarada persona «non grata» durante dos horas por el Ayuntamietno de Vitoria.

España rige sus relaciones internacionales por la vía diplomática, basándose en La Convención de Viena de 1961, la que atienda a la expulsión de diplomáticos o al veto de entrada al país de cualquier persona considerada «non grata». Este acuerdo se firmó allá por 1961 y en su artículo 9 dice así: «El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor».

España, por lo tanto, cuando quiere que un diplomático extranjero se marche del país se acoge al artículo 9 de la Convención de Viena. Si lo que quiere el Gobierno es que una persona, sea o no diplomático, no llegue a entrar, directamente le deniega el visado. Estas son las dos vías a las que recurre el Estado para hacer evidente que una persona es «non grata» en nuestro país. Se trata de dos medidas efectivas, al contrario de lo que sucede cuando tan solo haces público que alguien es «non grato». «Todo lo que no sea vía diplomática es un brindis al sol», según dice un experto en la materia.

En 2010, mediante vía diplomática, España expulsó a dos miembros de la embajada de Rusia en Madrid, al parecer por un presunto caso espionaje. Lo sucedido desembocó en un conflicto diplomático entre ambos países, pues la embajada rusa respondió echando de su país a miembros de la diplomacia española.

Sin embargo, a nivel municipal el tema es tratado de forma diferente, y son muchos los Ayuntamientos que teniendo la capacidad de declarar a un personaje –extranjero u orihundo– «non grato», lo hacen. Es el caso de el Ayuntamiento del municipio de Berga, provincia de Barcelona, el cual aprobó una moción en mayo de 2012 que declaraba al Rey Juan Carlos I persona «non grata». En el municipio leonés de La Robla, su Ayuntamiento hace poco más de dos meses, declaró persona «non grata» al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al aprobarse una moción presentada por Izquierda Unida, que considera al ministro principal defensor de las posiciones que han llevado a la minería del carbón a una situación extrema, y que salió adelante por unanimidad.