Rajoy suspende su mitin de Murcia tras el atentado de Kabul
Dio las condolencias a la familia y se hizo un respetuoso silencio, tras el que el presidente dijo que no se celebraba el acto porque «no tenemos ánimos»
El presidente Rajoy suspendió uno de los dos actos electorales previstos para este viernes, el de Murcia, tras conocer apenas media hora antes, durante otro encuentro con ciudadanos en Orihuela, que había fallecido un policía español en el atentado de Kabul. Con el Pabellón Rocódromo José María Cagigal, de la capital murciana, repleto de simpatizantes, que también se agolpaban en el exterior, Rajoy subió al atril, expresó sus condolencias a la familia, se hizo un silencio en recuerdo del fallecido y el acto concluyó porque, como dijo el presidente, «no tenemos ánimo».
Ya a su llegada a Orihuela, cuando apenas se tenían noticias ciertas sobre el atentado, el presidente inició su discurso agradeciendo el trabajo de todos los funcionarios públicos que trabajan o lo han hecho en Afganistán, a quienes envió su afecto y cariño. Insistió en que España estará luchando contra el terrorismo «aquí y fuera de aquí, y siempre con nuestros aliados».
El PP, aseguró, se presenta «para gobernar, no para hacer un tripartito», y volvió a criticar a los «nuevos partidos» y a defender que «gobierne el que gane, que es lo que quieren los ciudadanos».
José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores y candidato por Alicante, recordó cómo ha mejorado la situación en España en esta legislatura, aunque reconoció que aún quedaba mucho por hacer, sobre todo en materia de empleo. A su lado, Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, se marcó dos retos: primero repetir en el Gobierno de España, y luego recuperar el de Valencia. Llamó a la «reconquista», que había de iniciarse en esta comunidad, antes uno de los feudos populares y ahora perdido casi totalmente por los pactos de dos, tres o cuatro partidos.
La política del agua fue otra de las claves de su intervención: pidió solidaridad entre territorios y no utilizar este asunto para enfrentar a los españoles de unas regiones con los de otras. 550 millones de euros, dijo, costaron las más de 50 desaladoras que el PSOE instaló en toda España y que «nadie quiere usar y nadie quiere ahora hablar de ellas». No quiere Bonig abrir «otra guerra del agua», pero sí defender el agua «contra los políticos de Castilla-La Mancha».
