José Luis Jiménez - Pazguato de precampaña
Así no se puede votar
Unas elecciones, sean del carácter que sean, deben poder celebrarse en un clima de normalidad
Hace unos días nos hacíamos eco en ABC del bulo malintencionado que con un ánimo alarmista se esparcía por redes y grupos de WhatsApp por el peligro que el coronavirus tenía para las personas mayores y se las instaba a no ir a votar el 5-A. En ese momento había en Galicia un único infectado, y en España no había riesgo para que miles de personas pudieran manifestarse el 8-M. Siete días más tarde, todo ha dado un giro copernicano, y el Gobierno ya advierte que vienen por delante «meses duros», de sacrificios colectivos como sociedad, para afrontar las medidas exigidas con que frenar una epidemia sanitaria grave. Tan es así que se han suspendido los viajes del Imserso, hay Comunidades recomendando no visitar residencias de mayores y otras que cierran centros colegios para evitar nuevos contagios.
Este es el escenario hoy, pero que mañana o dentro de diez días puede estar multiplicado por dos o por cinco. Nadie lo sabe con certeza porque da la impresión que la propagación del virus va más rápida que las propias previsiones de los técnicos, cuyas recomendaciones sigue nuestra clase política —o al menos se refugia en ellas para adoptar decisiones como la suspensión de las Fallas y ya veremos qué pasa con las procesiones de Semana Santa—.
Unas elecciones, sean del carácter que sean, deben poder celebrarse en un clima de normalidad . Esto es, que los ciudadanos tengan la capacidad de ejercer su derecho democrático al sufragio activo y pasivo sin que ello les pueda comportar un riesgo para su salud. Que esa convicción sea superior a cualquier atisbo de temor, fundado o no. Es decir, que nadie se quede en su casa por miedo a lo desconocido.
Esos mismos ciudadanos d eben poder acudir a los actos políticos que consideren a escuchar los mensajes de los candidatos que gusten, azules, rojos, celestes o morados, sin que al tiempo que aplauden a sus líderes tengan que preocuparse por si su vecino de asiento tose más de la cuenta. Por no hablar de que habrá un grupo de hombres y mujeres que, obligados por la ley, tendrán que estar sí o sí en los colegios electorales en sus correspondientes mesas. La ley no puede fabricar mártires.
Hoy —insisto, hoy— no hay razones sanitarias que obliguen imperiosamente a un aplazamiento electoral. No es una imposición en presente de indicativo. Pero tampoco puede dejarse correr el tiempo, que se lance una campaña corroida por la incertidumbre, y a falta de cuatro días mandar parar y retrasar la cita con las urnas para desconcierto masivo de la población, especialmente los de más edad. En Galicia, casi el 25% de los ciudadanos tienen más de 65 años.
Tanto Galicia como País Vasco adelantaron seis meses sus procesos electorales . Es decir, atrasar los comicios no extendería la legislatura más allá de los cuatro años, sino que prorrogaría la interinidad de los respectivos gobiernos. Recordemos que incluso en este tiempo están sujetos a control parlamentario en las correspondientes diputaciones permanentes. Harían bien tanto Feijóo como Urkullu en dotar de contenido a estos órganos legislativos que curiosamente no pueden legislar pero sí ser espacios para rendición de cuentas.
Ni Galicia ni País Vasco pueden afrontar sus campañas electorales instalados en la duda de si habrá que parar. ¿Los líderes podrán darse la mano en los debates o se saludarán de lejos? ¿Estarán separados más de un metro? ¿Se puede entregar propaganda electoral en mano? ¿Qué más anomalías habrá que asumir antes de retrasar la cita? Ante esta situación de imprevisión, incluso de cierta improvisación según se sucedan los acontecimientos, se impone una llamada a la cordura.
Así no se puede ir a votar porque no hay normalidad cuando un Gobierno adopta medidas extremas por el bien de su ciudadanía. Y en ausencia de esa normalidad, la lógica llama a retrasar dos, tres o seis meses la convocatoria electoral y que a la población la asistan todas las garantías de una sociedad democrática para ejercer su derecho al voto.
Aplazar las elecciones no beneficia ni a la izquierda ni a la derecha, sino a Galicia en su conjunto . La izquierda no puede anhelar una victoria electoral asentada sobre una alta abstención de la población más mayor de zonas rurales, o con una participación que ronde el 50%. Su triunfo se fraguaría bajo la sombra de la ilegitimidad. Si tan seguros están de derrotar al PP, si tan convencidos están de que la caída estrepitosa de Feijóo será consecuencia de su mala gestión, ¿qué cambia si en vez de ir a votar el 5-A se hace el 14-J? Galicia llama a sus políticos a ser responsables. Veremos si atienden la llamada.
