Enrique Moresco, a la entrada al juzgado para responder a la denuncia por urbanismo ilegal
Enrique Moresco, a la entrada al juzgado para responder a la denuncia por urbanismo ilegal - Antonio Vázquez
EL PUERTO

Moresco y su equipo alegan ante el juez que se limitaron a firmar los decretos

La denuncia interpuesta alude a delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, centrándose en una inacción municipal

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El exalcalde de El Puerto, Enrique Moresco, acudió ayer a declarar como imputado ante el titular del juzgado número 2 de El Puerto en un procedimiento abierto a raíz de una denuncia sobre urbanismo ilegal presentada por Ecologistas en Acción. En la causa también se encuentran imputados Patricia Ybarra, actual concejala de Personal y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento portuense y el que fuera edil de Urbanismo en el mandato de Moresco, Diego Muñoz. Este último fue el primero en llegar a los juzgados. Posteriormente, Enrique Moresco entró puntual en las dependencias judiciales, a las 9.55 horas, sonriendo e incluso mostrando una cierta tranquilidad. El exregidor hizo unas breves declaraciones, «venimos a colaborar con la justicia para que esto se solucione cuanto antes».

A los pocos minutos entró la edil, Patricia Ybarra, que se mostró muy tranquila antes de ser llamada por el juez que instruye el caso, «nosotros siempre hemos actuado conforme a la ley». En relación a la supuesta ilegalidad expresó que «nos hemos limitado a firmar los decretos que nos presentaban».

El primero en declarar fue el exalcalde, siendo el que más tiempo estuvo respondiendo las preguntas del juez, 45 minutos, tras su declaración abandonó el juzgado con un rostro visiblemente serio y preocupado, sin querer hacer ningún tipo de declaración.

Por su parte, Patricia Ybarra, solo estuvo alrededor de 20 minutos prestando declaración. Al término manifestó a los medios que «todo ha ido muy bien». En relación a su implicación en el expediente explicó que, «mi parte es firmar el decreto final, yo no formulo el expediente, ni recibo las denuncias, no hago nada, solo firmar el decreto. Otra cosa no le he podido decir al juez». La concejala mostró su sorpresa de que el exalcalde se encuentre imputado, «no tiene sentido, él ni siquiera recibía los decretos». Asimismo, recordó que este procedimiento son instrucciones previas, «entiendo que el juez conociendo la no implicación de ninguno de nosotros en el expediente pues lo desestimará o continuará por otro lado».

El último en salir fue el exconcejal de Urbanismo, Diego Muñoz, tras declarar durante 5 minutos. En el caso del exedil, solo está señalado en un decreto en concreto, que según explicó Muñoz quedó aclarado, «en un expediente hay un decreto que aparece sin firma, esa es la única cuestión sobre mí».

El exconcejal manifestó que los motivos de esa 'no firma' son desconocidos para él, «no es ninguna licencia que yo haya otorgado de manera ilegal. Puede ser que dentro de 60 o 70 expedientes que se firman diariamente se haya obviado o que ni siquiera me lo hayan pasado, no lo sé. No puedo asegurar que sucedió». Por último, Muñoz afirmó que la sensación que tiene es que habrá un sobreseimiento en su caso, «no hay ningún tipo de base».

Cabe recordar que la denuncia presentada por Ecologistas en Acción aludía a posibles delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente. La base de la denuncia se centra en la supuesta inacción municipal contra la construcción de las viviendas ilegales. Las zonas que se especifican en las diligencias son La Negra, la carretera de Sanlúcar, el Corredor Verde o Los Almendros, construcciones ilegales en suelo rústico o terreno no urbanizable.

Por ese motivo, el colectivo de Ecologistas en Acción entendía que «no se ha actuado con la diligencia debida al permitir la continuación de las obras hasta su finalización en algún caso, y en todos sin asegurar el restablecimiento de la realidad física alterada después de haber transcurrido periodo suficiente de tiempo». Por ello, consideran que se ha vulnerado la normativa existente con la clara intención de no actuar disciplinariamente con incumplimiento de la ley.

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