Las plantilla de Ayuda a Domicilio presentará una demanda judicial contra Azvase
El Ayuntamiento ha comunicado a la empresa del servicio que no será renovada en la prórroga que está pendiente desarrollarse en abril
Actualizado: GuardarLa paciencia de las trabajadoras del servicio municipal de Ayuda a Domicilio ha llegado a su fin. Tal y como adelantó ayer LA VOZ, la plantilla tomó la decisión de interponer una demanda judicial a la empresa adjudicataria, Azvase. Una medida que fue tomada, el pasado miércoles, en asamblea por unanimidad. Una reunión entre todas las trabajadoras en donde también se decidió desconvocar la huelga que hasta la fecha se había venido llevando a cabo.La intención de la plantilla es que sea un juez quien obligue a Azvase a sufragar el plus de toxicidad que suprimió cuando se hizo con la adjudicación del servicio en el mes de abril. Cabe recordar que dicha reivindicación ha tenido el apoyo de la inspección de trabajo y del Consistorio con la Corporación Municipal al completo.
Por su parte, el Ayuntamiento comunicó por medio de su concejala de Bienestar Social, Mariola Tocino, a Azvase que no se firmaría la prorroga que está pendiente para el próximo mes de abril. Una acción que se llevó a cabo durante la reunión a tres bandas que celebró el Consistorio, plantilla y empresa. En dicho encuentro, tal y como detallan desde el comité de empresa, las trabajadoras hicieron una propuesta que incluía una pérdida económica considerable que la plantilla estaba dispuesta a asumir para intentar acercar posturas y poder solucionar el problema, pero que fue rechazada por la empresa.
Anteriormente, durante la mañana del miércoles, en otra reunión desarrollada en la Inspección de Trabajo se le comunicaba a Azvase de un nuevo plazo para que cumpla con la subrogación.Todas estas medidas se unen a la realizada, semanas antes, por el Ayuntamiento que le abrió un expediente sancionador a Azvase por el incumplimiento de las condiciones de subrogación, acreditada según el acta de Inspección de Trabajo, entendiendo, salvo superior criterio, que pudiera ser tipificada como una falta muy grave por incumplimiento de la normativa laboral vigente. Dicha sanción podría llegar a una cuantía de 1.500 euros. Actualmente el expediente se encuentra en periodo de tramitación.
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