Moresco, citado el 22 de enero por la denuncia de las viviendas ilegales

El juzgado de Instrucción nº 2 de El Puerto está tramitando cuatro procedimientos distintos con el exalcalde, Enrique Moresco (PP), como denunciado. El origen de esta pluralidad de diligencias está en un escrito que remitió Ecologistas en Acción en 2012 a la Fiscalía de Medio Ambiente.

En él se aseguraba que el Ayuntamiento estaba siendo permisivo con las construcciones ilegales. Esa macrodenuncia acabó dividiéndose en cinco diligencias tramitadas por separado, aunque todas han recaído en el mismo juzgado.

Fuentes judiciales han confirmado que sólo uno de los procedimientos ha sido archivado. En los otros se está investigando si hubo una conducta prevaricadora en el anterior Gobierno local de El Puerto para no sancionar a los propietarios ni tirar las casas denunciadas por los ecologistas.

El promotor de estas acciones legales entregó a la Fiscalía los escritos que enviaron al Ayuntamiento en los que advertían que se estaban levantando casas en suelos rústicos y las respuestas municipales que obtuvieron.

En algunos casos, el Ayuntamiento inició expedientes sancionadores, pero según los denunciantes permitieron que los propietarios continuaran con las obras hasta concluirlas.

De los cuatro procedimientos que están vivos, Moresco y la que fuera concejal de Urbanismo entre 2007-2011, Patricia Ybarra, han sido llamados a declarar en calidad de imputados el próximo 22 de enero. Una citación que fue confirmada por la actual portavoz del Gobierno local portuense, quien defendió su gestión, afirmando que siempre había actuado bajo la legalidad y "teniendo en cuenta las directrices de los informes técnicos".

Con respecto a los otros tres casos, fuentes judiciales han confirmado a este medio que la jueza ha ordenado a la Policía Autonómica que investigue los indicios recogidos por la denuncia original y en los que la Fiscalía ha visto posibles conductas delictivas.

Un exalcalde de El Puerto, ya condenado

La inacción de los ayuntamientos para impedir el avance de las construcciones ilegales en sus municipios ha sido objeto de reproche por parte del Ministerio Público hace unos años, cuando la Fiscalía gaditana inició toda una batalla legal para acabar con los desmanes en los planeamientos urbanos.

Según explican fuentes judiciales, en estos procedimientos lo complicado es demostrar que los responsables públicos actuaron a sabiendas de la ilegalidad y que no se está ante un caso de negligencia en la gestión. Hay precedentes en la provincia.

En Chiclana, la Fiscalía archivó hasta en dos ocasiones una denuncia contra los últimos alcaldes socialistas (José María Román y Manuel Jiménez Barrios) a los que la oposición les culpaba del archivo de más de 1.700 expedientes urbanísticos. De haberse ejecutado habrían supuesto no sólo la demolición de esas casas sino también el ingreso de dinero en las arcas municipales por el cobro de sanciones a los propietarios.

El Ministerio Público no pudo demostrar que había una intención premeditada en el Ayuntamiento para dejar morir esos expedientes y beneficiar a los propietarios.

Desde el Consistorio se argumentó que había problemas de funcionamiento ordinario en el área responsable de esas tramitaciones. Hoy en día, en la Corporación local chiclanera hay un partido que aglutina a los propietarios de viviendas ilegales que es llave de Gobierno.

También hay casos que sí acabaron en condena. El exalcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, fueron sentenciados a ocho años y medio de inhabilitación por el 'caso Pinar del Coig'.

El tribunal de la Audiencia provincial, que revisó la primera sentencia en este procedimiento, consideró probado que ambos hicieron la vista gorda con la proliferación de casas en un bosque de alto valor ecológico. Y que esa inacción fue clave para el desarrollo de ese núcleo urbanizado de forma ilegal.