Cuentas sin cuentos
EE.UU. y la UE compiten por atraer inversiones verdes
El proteccionismo comienza a abrirse paso en la carrera que las principales potencias mundiales han emprendido para avanzar en la transición energética
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La polémica ley antiinflación aprobada el pasado mes de agosto por la Administración Biden ha centrado buena parte de los debates celebrados esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos. La norma, que prevé casi 400.000 millones de dólares en créditos fiscales ... para potenciar la inversión de las empresas en transición ecológica, ha despertado el recelo de las autoridades y empresas europeas, por el aumento del proteccionismo que llevan aparejadas las medidas. En Europa se valora la apuesta del Ejecutivo demócrata por la lucha por el cambio climático y las energías verdes, pero se denuncia que las condiciones que se fijan para poder recibir estas ayudas violan las normas del comercio internacional y pueden dañar a las compañías europeas. A los 27 les preocupa que sus empresas no tengan acceso a créditos fiscales que podrían beneficiar a fabricantes de coches estadounidenses, como Tesla y Ford, ya que la nueva ley ofrece esas ayudas a condición de que los componentes verdes se fabriquen en Norteamérica.
Ante esta situación, que no es tan distinta de la apuesta de Trump por el 'American First', los políticos europeos tienen dos opciones, y por las dos están apostando: negociar con Estados Unidos para que modifique algunos aspectos de la norma y evite lo que consideran competencia desleal entre aliados y, por tanto, evitar una guerra comercial; pero a la vez copiar algunas de esas medidas y aprobar incentivos para las firmas europeas en condiciones similares a las estadounidenses. Y en este sentido, la propia Ursula Von der Leyen anunció el pasado martes un plan de inversiones en industrias «limpias» para contrarrestar el impacto de la ley de subsidios verdes estadounidense en la economía comunitaria. Con este Plan Industrial del Pacto Verde, como lo denomina Bruselas, pretende reformar la normativa de ayudas de Estado, eliminar burocracia, agilizar las autorizaciones, crear un fondo de inversión soberano, que podría invertir en proyectos estratégicos y agilizar subvenciones. Loables objetivos, pero para ello lo primero que hay que hacer es agilizar la puesta en marcha del propio plan, porque mientras, nuestras empresas están en desventaja.
Así se lo pidieron a Pedro Sánchez los presidentes de compañías españolas que se reunieron con él en Davos. «Europa debe reajustar la regulación y emular a Estados Unidos para atraer inversión», le transmitieron al presidente, que parece que se lo tomó en serio. De hecho, en una entrevista con la CNBC, el presidente español defendió la normativa norteamericana para luchar contra la inflación y, en lugar de denunciar el proteccionismo y la posible competencia desleal, abogó por copiar algunas de sus medidas. «Necesitamos reformar algunos aspectos internos de nuestras políticas industriales como las ayudas estatales, la reducción de la burocracia, y tenemos que enviar un mensaje a la industria de todo el mundo para convencerlas de que Europa, y desde luego España, es un buen lugar par ubicarse».
Una sorprendente transformación de Pedro Sánchez en ese intento de atraer a los que no hace mucho calificaba de «poderes ocultos». De hecho, esta declaración de intenciones dista mucho de la realidad de las políticas que el Gobierno aplica en España. Según la tradicional encuesta que realiza PwC entre CEO de todo el mundo, y que se ha publicado estos días en Davos, los empresarios españoles consideran la regulación gubernamental como el principal riesgo para su rentabilidad. No se fían mucho de las políticas del presidente.
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