El turismo pide al Gobierno dar poder a las juntas de vecinos para vetar las viviendas turísticas
Exceltur reclama un decreto ley para frenar la eclosión sin control de los alquileres de corta duración en las principales capitales españolas
El alquiler de vivienda turística ha conseguido poner patas arriba a las principales capitales españolas en la última década. Si bien, la proliferación de plataformas como Airbnb han democratizado los viajes, del mismo modo han modificado la vida en el centro de las ciudades. Los vecinos, en muchos edificios, ahora son de quita y pon, y el acceso a la vivienda en las zonas emblemáticas de las ciudades se ha convertido en toda una odisea por la falta de pisos disponibles.
¿El motivo? Colocar una vivienda en modalidad de alquiler de corta estancia es ya el doble de rentable para el propietario que hacerlo en el mercado residencial. Así lo señala el informe Revitur que ha elaborado la principal patronal turística española, Exceltur. Una iniciativa con la que pide al Gobierno un decreto ley que establezca un marco de regulación para el uso de la vivienda turística, dotando de poder a comunidades, ayuntamientos e incluso a juntas de vecinos para poder ponerlas coto.
El lobby turístico, que ha realizado este informe con la colaboración de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Valencia, señala que mientras en las capitales españolas los propietarios obtienen 10.138 euros de rentabilidad al año por alquilar sus inmuebles en el mercado tradicional, con el turístico los ingresos alcanzan de media los 19.727 euros anuales.
Un incentivo que vuelca de manera exponencial la oferta del residencial al de corta duración. De hecho, hasta la llegada de la pandemia, el crecimiento de los pisos turísticos en las principales capitales españolas era descomunal. Según el informe Revitur, en las 20 mayores ciudades turísticas españolas, la capacidad alojativa se ha disparado un 82% entre 2010 y 2019 por la proliferación de 361.373 nuevas plazas turísticas aportadas por el alquiler de corta duración.
Además, el 72% de esta nueva oferta turística se ha ubicado en los centros de las ciudades, provocando grandes tensiones en el acceso de la compra y alquiler de inmuebles al dejar unapérdida del 6% del stock de vivienda, según Revitur, que señala que en estas zonas se registran de media 18 plazas turísticas por cada 100 personas.
Hay más. El informe es extremadamente duro con este fenómeno porque indica que los daños de su crecimiento desmesurado se extienden al propio modelo de sector turístico: choca de manera frontar con los esfuerzos del sector por desmarcarse del turismo de masas y apostar por el visitante de calidad y de mayor gasto. En esta línea, Exceltur señala que mientras un turista alojado en hotel genera 255 euros de manera directa e indirecta en el destino, el de uso turístico deja 161 euros. Y lo mismo sucede con el empleo: los alquileres de corta duración crean 35,9 puestos de trabajo por cada 100 plazas, por los 96,1 empleos por cada 100 plazas de media de los establecimientos hoteleros, según Revitur.
«Las viviendas de uso turístico no abogan por un crecimiento del empleo, ni tampoco por otros compromisos del turismo como la sostenibilidad medioambiental; las ciudades pierden su identidad y se convierten en auténticos parques temáticos» ha señalado el presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, durante la presentación del informe.
En dirección contraria
¿La solución pasa entonces por poner puertas al campo? Según Exceltur, no. «Lo que cuestionamos el crecimiento descontrolado. Si lo que queremos es evolucionar en un modelo turístico de mayor riqueza y empleo, estamos yendo en dirección contraria», ha apostillado el vicepresidente de la patronal, José Luis Zoreda.
Para la patronal, la formula para acotar la vivienda turística pasa por establecer un marco legislativo que permita a comunidades y ayuntamientos establecer con claridad la delimitación de la actividad de alojamiento turístico en vivienda, además del diseño de un contrato especial para estos alquileres que «delimiten los derechos y deberes de propietario, titular de la actividad alojativa, usuario de la actividad alojativa huésped e intermediarios».
También exigen que se regule el papel de las plataformas de la sociedad de la información, estableciendo más claramente sus obligaciones para contribuir a garantizar la legalidad de la oferta que intermedian, exigiendo para su comercialización la información del registro de viviendas de uso turístico autonómico o local y su veracidad a través de medios digitales, «a la vez que suministrando los detalles de ubicación de cada vivienda y los datos básicos de los usuarios por razones de seguridad ciudadana». Algo que ya ha propuesto la propia Comisión Europea y que pronto podría pasar a ser introducido por los países comunitarios.
Por último, pide que se refuerce el papel de las comunidades de vecinos, para que puedan exigir un permiso previo por mayoría cualificada, así como que se facilite la ordenación urbanística de estos alquileres, creando un uso del suelo específico para el desempeño de su actividad.
Por el momento, desde Exceltur aseguran que ya han trasladado su propuesta a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, «con una receptividad elevada» y esperan pronto poder sentarse con el Ministerio de Transportes, quien posee las competencias en materia de vivienda.
