Los trabajadores de Ybarra apelan al Ayuntamiento de Dos Hermanas para agilizar trámites

Los trabajadores de la empresa andaluza Ybarra tienen previsto mantener este viernes una reunión con representantes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, para pedirle que agilice el procedimiento de licencias y permisos para volver a poner en marcha la fábrica tras el incendio del mes de julio , empezando por la licencia de desescombro.

Fuentes municipales han precisado a Europa Press que los sindicatos y comité de empresa se van a reunir con la concejal de Desarrollo Económico del consistorio nazareno, Carmen Gil.

Por su parte, fuentes sindicales han indicado a Europa Press que en la reunión de este viernes con el Ayuntamiento de Dos Hermanas se pretende agilizar soluciones y para que le facilite información sobre cómo está el trámite del permiso de desescombro, primer paso para desbloquear el proyecto, y además agilice todos los permisos de competencia municipal.

Por otro lado, en la última reunión entre empresas y sindicatos se ha acordado que en torno a 40 personas serán trasladadas a las plantas de aceites y salsas ubicadas en la provincia de Córdoba para seguir con la producción de los productos Ybarra.

Los trabajadores habían desconvocado las movilizaciones después de que la empresa agroalimentaria haya decidido asumir la indemnización complementaria durante el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) planteado tras el incendio de la fábrica en el mes de julio.

De esta forma, se desconvocaron las concentraciones de los trabajadores de Ybarra, previstas para el pasado martes ante la Junta de Andalucía y este jueves ante la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla, para pedirles que establecieran ayudas que complementen al ERTE aprobado en Ybarra tras el incendio de la fábrica.

Las fuentes han precisado a Europa Press que finalmente es la empresa la que asume el pago de esas ayudas compensatorias, por lo que lamentan que las administraciones «no hayan ayudado», criticando especialmente a la Junta de Andalucía, que «no ha estado a la misma altura que la Junta de Castilla y León con el caso de Campofrío», donde también se establecieron ayudas complementarias, abonadas por el gobierno autonómico.