Crisis de Abengoa
La SEPI deniega definitivamente el rescate de Abengoa al no estar demostrada su viabilidad
La sociedad estatal alega que «no está garantizado el reembolso del préstamo solicitado» por 249 millones
El consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas , gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha acordado denegar definitivamente la solicitud de ayuda pública de Abengoa por un importe de 249 millones de euros.
Abengoa había presentado alegaciones a los informes de SEPI , que ya había desestimado la petición de 'rescate' público para seis filiales del grupo (Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Agua, Inabensa, Abengoa Operación y Mantenimiento y Abengoa Solar España). La compañía buscaba con esta inyección un plan para garantizar su viabilidad futura y evitar un nuevo concurso de acreedores.
El documento emitido este martes por la SEPI, al que ha tenido acceso ABC , detalla todos los pasos del expediente de Abengoa, desde que el 17 de marzo de 2021 la multinacional sevillana solicitase formalmente una ayuda pública con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas , hasta la desestimación final firmada en Madrid tras una reunión celebrada este mismo martes por el consejo gestor de dicho Fondo.
En este informe de conclusiones se desglosa entre las seis filiales de Abengoa que finalmente han solicitado un préstamo global de 249 millones de euros: Abengoa Energía (132,3 millones), Abener Energía (54,6 millones), Abengoa Agua (41,5 millones), Inabensa (6 millones), Abengoa O&M (7,3) y Abengoa Solar España (7,3 millones).
Entre las alegaciones de la SEPI para denegar el rescate de la empresa andaluza se apunta a que "existen contingencias internas y externas " que podrían "comprometer la devolución de la ayuda", entre ellas riesgos y pasivos por 462 millones; litigios y reclamaciones extrajudiciales por 962,6 millones; la sanción de Competencia a Inabensa; o el embargo preventivo sobre Abengoa derivado de la Operación Poniente .
También se señala en este escrito que las seis filiales solicitantes y potenciales beneficiarias del dinero público comprenden las cabeceras de cada una de las principales líneas de negocio del grupo Abenewco 1 (la filial operativa de Abengoa), del cual cuelgan otras 293 sociedades , que en su mayoría "se encuentran fuera de España".
" No queda demostrada la viabilidad a medio y largo plazo de las solicitantes, soportada en un Plan de Viabilidad para superar la situación de crisis". "No se garantiza el cumplimiento del plan de reembolso del apoyo estatal", sostiene la SEPI, apelando a los informes emitidos por asesores financieros y jurídicos externos (Grant Thorton y PKF) y de otras entidades y administraciones entre las que cita a la consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía o el ministerio para la Transición Ecológica.
Consejo de Ministros
Según confirmaron a Europa Press en fuentes de SEPI, las alegaciones presentadas por la compañía «no desvirtúan la existencia de los riesgos e incertidumbres expuestos en los informes de los asesores».
Asimismo, señalaron que la resolución ha concluido en sentido desfavorable «al no estar demostrada la viabilidad y no estar garantizado el reembolso del préstamo solicitado«.
Este lunes, el Consejo de Ministros ya autorizó ayudas para un total de seis empresas, entre las que figuraba Celsa, aunque dejó fuera a Abengoa, en la que era prácticamente la última oportunidad para recibir el rescate para la ingeniería andaluza, ya la vigencia del fondo expira a finales de este mes.
La denegación de la ayuda pública hace prácticamente decaer el plan para que el fondo estadounidense Terramar aportara 200 millones de euros a cambio del 70% capital, ya que estaba vinculado a la inyección de dinero público.
Así, Abengoa queda abocada hacia el que puede ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española, con un agujero de casi 6.000 millones de euros.
Ahora, la compañía, cuya matriz está en concurso desde febrero del año pasado, deberá optar por el marco de la Ley Concursal y decidir si amplia ese concurso al grupo o si distintas sociedades del mismo piden preconcurso y concurso.
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