Agricultura
Los regantes exigen la aplicación de la doble potencia eléctrica
El sector aplaude la suspensión del impuesto de generación y la eliminación del «impuesto al sol»
El Ministerio para la Transición Ecológica ha pisado el acelerador y en poco más de un mes ha anunciado la suspensión, durante seis meses, de los impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, del 7%, y la derogación del llamado «impuesto al sol», que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España. Dos medidas que, si bien han sido aplaudidas por el sector agrario, se antojan «insuficientes» en un contexto de trepidante escalada de los precios de la energía, siendo la tarifa eléctrica actualmente para muchas explotaciones andaluzas «el mayor desembolso que deben asumir los agricultores, por encima de los costes de la compra de la semilla, el gasóleo o el personal laboral», afirma el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.
Desde la patronal agraria explican que este incremento del precio final de la energía es consecuencia, principalmente, de dos factores. Por un lado, de los elevados precios de las materias primas (gas natural, petróleo y carbón) en los mercados internacionales y, por otro, del incremento en la cotización de los derechos de emisión de CO2. Esto ha llevado a que «el precio en el mercado mayorista registrara en septiembre un valor medio de 71,35 €/MWh, acercándose al valor máximo histórico mensual, alcanzado en enero de 2006 con 73,14 €/MWh».
El regadío andaluz
La superficie de riego en Andalucía supone 1.100.000 hectáreas (el 25% de la Superficie Agrícola Utilizada) y representa un 67% de la Renta Agraria y el 63% del empleo agrario (UTA). Por lo tanto, «cualquier incremento en los costes de producción, como ha ocurrido con la subida del precio de la electricidad, merma la competitividad de las explotaciones de riego y asfixia aún más a los agricultores», denuncia Eduardo Martín, que critica que «la desaparición de la tarifa especial de riego agrícola en 2008 provocó que los costes de suministro eléctrico en las comunidades de regantes se dispararan al contratar la electricidad en el mercado liberalizado, con un aumento en estos diez años del 1.000%. Esto ha supuesto que buena parte de los regadíos modernizados, que ahorran agua pero demandan más energía, no resulten económicamente viables».
Ante este panorama, «la suspensión de los impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (reducción del 7%) bienvenida es, ya que es positiva para el sector, pero se traduce tan sólo en una bajada de la factura eléctrica del 2,5% para los regantes», declara el secretario general de la patronal agraria.
Igualmente, señala que «la derogación del impuesto al sol es un avance, pues el sector agrario podrá reducir sus costes energéticos a través de la autoproducción de energía sin peajes, ni cargos». No obstante, para alcanzar un escenario tarifario realmente competitivo, según Asaja Sevilla, es necesario «abordar el desarrollo del reglamento que permita aplicar la Ley de Medidas Urgentes para la Sequía , publicada en el BOE el pasado mes de marzo, una normativa que contempla la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas para los regantes a lo largo de doce meses, según sus necesidades». Esta es «una reclamación histórica de los regantes» y la única medida «con incidencia efectiva en la desproporcionada factura eléctrica que deben asumir los agricultores, pues todo lo demás es parchear una situación ya de por sí insostenible».
Exige medidas de mayor calado como el desarrollo de la Ley de Medidas Urgentes para la Sequía
Asaja siempre ha defendido que se reconozca el carácter estacional del regadío, lo que hace que se necesite una elevada potencia para bombear el agua en los meses sector, normalmente de mayo a septiembre, y una potencia más baja el resto del año . De este modo, los regantes podrán firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro, con una potencia mínima, el resto del año para mantener los equipos, de modo que evitarán pagar durante doce meses por un servicio que solo utilizan en la campaña de riego.
Se trata de una Ley aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en marzo de este año y que actualmente está «en stand by» tras el cambio de Legislatura. Asaja mantuvo una reunión a nivel ministerial el pasado 19 de abril «para impulsar el desarrollo normativo de la Ley y que la doble potencia eléctrica fuese una realidad cuanto antes, pero en junio se produjo el cambio de Gobierno y todo vuelve a estar parado». Por ello, la patronal agraria ha cursado la petición para que se acelere el desarrollo normativo de la Ley 1/2018 de Medidas Urgentes para la Sequía cuanto antes al nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas.
