ECONOMÍA
Los pequeños comerciantes piden que se derribe parte de La Cañada
La patronal CECA presiona para que se ejecute una sentencia del TSJA de 2010 sobre este gran centro comercial de Marbella
El c entro comercial marbellí de La Cañada , uno de los mayores focos comerciales de la Costa del Sol —compitiendo con Puerto Banús— encara un nuevo frente judicial. Y el escenario de esta nueva batalla es la intrincada situación jurídica en la que ha quedado Marbella tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) redactado en 2010, que pretendió normalizar sin éxito la situación de la ciudad tras los desmanes de la era Gil . El Tribunal Superior de Justicia tumbó este PGOU a fines de 2015 y la situación volvió a la casilla de salida.
La Cañada, promovida por el empresario murciano Tomás Olivo (afincado actualmente en Madrid), se levantó en tres fases distintas durante la época de Gobierno de Jesús Gil y dos de estas fases se hicieron al margen del o rdenamiento vigente en su día y con licencias municipales que no se ajustaban a la ley. De hecho, en 2003 la Junta de Andalucía interpuso un recurso contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga contra la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento. Siete años después la sala dictó sentencia al considerar que la licencia de obras no era conforme a derecho, con lo cual el recurso se estimó en su integridad.
En 2010 una sentencia como aquella era casi papel mojado , ya que precisamente el PGOU de 2010 regularizaba en parte la situación de La Cañada, al igual que la de numerosos desarrollos urbanísticos realizados en la década anterior . Sin embargo, la anulación a fines de 2015 de aquel PGOU destinado a normalizar Marbella ha hecho que la sitación cambie de forma radical. Y los pequeños comerciantes de Andalucía (agrupados en la patronal CECA) están tratando de hacer presión judicial para tumbar literalmente la zona de ampliación del centro comercial , pidiendo incluso la demolición de parte del mismo. De hecho, la CECA se ha personado en la causa para exigir la ejecución efectiva de la sentencia de 2010 y su objetivo es instar directamente el derribo de la ampliación de La Cañada .
La CECA ha pedido en el TSJA que se ejecute la sentencia y cree que «dado que las obras son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística», resulta incuestionable « la obligación de demoler lo ilegalmente construido y será del ámbito de la responsabilidad patrimonial de quien edificó de forma irregular donde hayan de dirimirse las eventuales consecuencias para terceros», según un documento presentado en la sala de los contencioso de Málaga del TSJA.
Frente a esta tentativa, la empresa propietaria de La Cañada está r ecurriendo cualquier resolución y trámite del juzgado para ganar tiempo a la expectativa de que se regularice la situación urbanística de Marbella. El TSJA ha pedido un informe al Ayuntamiento de Marbella donde exige que se detalle cuál es la situación de la ampliación y también el Consistorio ha dado una respuesta elusiva, indicando tan solo que ha pedido, a su vez, una serie de informes a distintas entidades.
La Cañada es la joya de la corona de la compañía General de Galerías Comerciales , que ya ha iniciado los trámites para empezar a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde debutará a lo largo de este año con un valor aproximado de 2.000 millones de euros. Salvo en el caso de un centro comercial que posee en Mataró, el resto de sus activos se reparte por distintas zonas de Andalucía, como el centro comercial Mediterráneo (Almería); el parque comercial Gran Plaza (Roquetas de Mar); el parque comercial Las Dunas (Sanlúcar de Barrameda) y el Nevada (Granada). En total, General de Galerías Comerciales dispone de más de cinco millones de metros cuadrados de superficie comercial.
La exigencia de pedir el derribo de una parte de La Cañada supone, en cierto modo, ampliar la batalla que los pequeños comerciantes andaluces libran contra Tomás Olivo en otras provincias. En el caso de Granada, CECA ha realizado una intensa agenda de actuaciones para tratar de denunciar las consecuencias negativas para el pequeño comercio de la instalación de esta gran superficie.
