La Junta descarta un impuesto autonómico a las bebidas azucaradas
Las empresas de supermercados consiguen suavizar la ofensiva regulatoria de la Junta
La futura Ley autonómica de Promoción de la Vida Saludable y Alimentación Equilibrada que impulsa la Consejería de Salud, conocida como la Ley contra la obesidad , ha eliminado dos puntos sensibles de su articulado, que se habían incluido en un primer borrador. Se trata del impuesto a las bebidas azucaradas, que acaba de implantar Cataluña en su territorio, y la prohibición de venta de productos hipercalóricos, como la bollería industrial o las chucherías , a 250 metros cuadrados de los centros educativos.
El Sistema de Información Alimentario, que obliga a especificar más claramente la composición de los alimentos , es otro punto destacado del citado anteproyecto de Salud.
Estas medidas afectarían de forma directa a multitud de comercios y supermercados de proximidad en la comunidad autónoma, según han destacado fuentes de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA). Esta organización está participando de forma activa en la tramitación y aportando sus propuestas en la fase de información pública tanto de este proyecto legislativo, como de otros tres en curso en la comunidad autónoma que inciden en la actividad de sus asociados.
El 86% de las empresas asociadas a CAEA, la organización más representativa del sector empresarial de distribución alimentaria y de perfumería en Andalucía, señala como su principal preocupación en la vertiente institucional el impacto de los proyectos de ley que se están tramitando en la comunidad autónoma y que afectan al sector. La encuesta la ha realizado KPMG en colaboración con las casi 400 empresas asociadas a CAEA, y es la base de un amplio estudio sobre las perspectivas de la distribución alimentaria en Andalucía.
Cuatro proyectos de Ley inciden en la actividad de la distribución alimentaria en Andalucía
En concreto, hay cuatro anteproyectos de Ley que han sido ya aprobados por el Consejo de Gobierno andaluz y se encuentran en diferentes fases de tramitación. « Son todavía borradores vivos , que en ningún caso han llegado todavía al Parlamento », explican fuentes de la Confederación.
Esta organización trata de parar el golpe de estas nuevas regulaciones, que pueden elevar los costes operativos de las empresas comerciales a través de gravámenes o nuevas exigencias, y ha conseguido que se minimicen algunos de los aspectos planteados inicialmente.
Excedentes alimentarios
La futura Ley autonómica de Agricultura es uno de estos proyectos legislativos. Dos aspectos destacan: la obligatoriedad de la donación del excedente alimentario , «algo que no se ha impuesto en ninguna otra comunidad autónoma», según indican las fuentes; y la lucha contra el fraude alimentario, por «la complejidad de su plasmación» en la citada Ley.
Un segundo flanco lo representa la nueva Ley de Cambio Climático de Andalucía que promueve la Consejería de Medio Ambiente. De entrada, también se apunta lo intrincado de este texto, en el que el comercio figura entre los sectores afectados por la posible obligatoriedad de realizar planes de reducción de emisiones.
En este asunto, el Ejecutivo incluye el concepto de «criterio de agregación», que obliga a que un establecimiento pequeño, aunque sea eficiente desde el punto de vista energético, por estar englobado en una cadena o compañía superior, asuma este nuevo requisito. Desde CAEA recuerdan que en su organización se incluyen tiendas desde 200 metros cuadrados y que ninguna sobrepasa los 2.500.
«Precisamente el comercio de proximidad que representamos fomenta que el cliente entre andando en la tienda y desincentiva el transporte, la causa principal de las emisiones», alega.
La Consejería de Fomento ha presentado, por su parte, el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible , que establece un gravamen sobre el transporte y que afecta de lleno a la actividad logística de la distribución y al flujo de vehículos que mueven los establecimientos comerciales. Esta regulación es la que va más lenta.
Para todos estos aspectos CAEA defiende que debe aplicarse la unidad de mercado , es decir, una normativa de ámbito nacional que asegure «unas reglas del juego iguales para todos».
Esta organización engloba a 382 sociedades y 29 enseñas comerciales , que facturan en Andalucía casi 7.200 millones de euros y emplean a más de 40.580 trabajadores.
