Los jueces mercantiles de Sevilla acuerdan que los empresarios en quiebra no pierdan su vivienda

Hasta 2015, todas las personas físicas, empresarias o no, solicitaban el concurso de acreedores en los juzgados mercantiles. A raíz de esa fecha, las personas no empresarias lo hacen en los juzgados de Primera Instancia y aquellas que tienen actividad empresarial o han avalado a alguna empresa lo presentan en los juzgados mercantiles. El atasco que ello ha provocado en los juzgados de Primera Instancia ha llevado a que en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevea que los concursos de personas físicas no empresarias vuelvan a los juzgados mercantiles, por lo que previsiblemente se verán beneficiadas también del acuerdo para que no pierdan su vivienda habitual.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sólo en 2021 más de 300 personas físicas con actividad empresarial presentaron concurso en los juzgados mercantiles de Andalucía , medio centenar de ellas en Sevilla. Además, un total de 300 personas no empresarias declaran cada año su insolvencia en los juzgados de Primera Instancia de Andalucía, 126 de ellas en Sevilla. Por tanto, el acuerdo podría beneficiar a más de 600 personas en Andalucía, 160 de ellas en Sevilla.

En realidad, lo acordado por los jueces de Sevilla ya está recogido en una directiva europea, pero ésta no se ha adaptado aún a la normativa española. Igualmente, se prevé que ese cambio se recoja en la reforma de la Ley Concursal que podría aprobarse antes de verano, así como en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que han hecho los jueces mercantiles es, por tanto, adelantarse y lo han hecho por dos razones. La primera, e l incremento en la presentación de solicitudes de concurso de personas físicas que va a producirse como consecuencia del fin de la moratoria concursal en junio de 2022. Las segunda razón es el problema que se genera en los concursos de personas físicas cuando éstas son únicamente dueñas de una vivienda y éstas están gravadas con una hipoteca cuyo importe es superior al valor de esa casa y que cuando se liquida tampoco permite afrontar el pago de las deudas que se tienen con otros acreedores que no sea el banco.

«Si el crédito hipotecario está al corriente de pago y el banco no tiene el derecho de instar la ejecución forzosa de la vivienda, y con lo que se obtiene de la venta de esa vivienda sólo puede pagarse a la entidad financiera como acreedor privilegiado, ¿para qué vamos a quitarle la vivienda? Lo mejor entonces es no vender la vivienda», explican fuentes de los juzgados mercantiles.

Se pretende que no haya obstáculos para que la persona física pueda lograr que se le perdonen sus deudas de una manera rápida y sencilla y, por tanto, no se vea frustrado uno de los principales objetivos que tiene la Directiva europea 2019/1023, que estipula que «los empresarios de buena fe insolventes o sobre endeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas después de un período de tiempo razonable» y empezar de nuevo.

Miguel Ángel Navarro, juez Mercantil 3 de Sevilla , recuerda que cuando entra en insolvencia una empresa, normalmente va detrás el titular de esa sociedad que avaló con sus bienes personales. «Inicialmente se echaba a todo el mundo a la calle en aplicación rigurosa de la ley, que ordenaba liquidar todos los activos de la persona física en concurso. El problema es que nos encontrábamos a veces que el principal activo que quedaba era la vivienda principal, cuya hipoteca estaba al día porque la estaban pagando familiares del deudor. Las personas físicas que pedían el concurso salían del juzgado peor de lo que estaban, ya que corrían el riesgo de indigencia y entraban a formar parte de un colectivo vulnerable. El concurso no era, pues, una segunda oportunidad, sino un suicidio. Hemos visto situaciones dantescas años atrás».

Fuentes de los juzgados mercantiles de Sevilla advierten, sin embargo, que para acogerse a esta medida hay que cumplir ciertos requisitos con el objetivo de salvaguardar los derechos del deudor y de los acreedores. Se han establecido dos mecanismos para decidir si una persona física puede acogerse a la exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi), sin perder su casa siempre y cuando esté al corriente del pago de la hipoteca. En el caso A, si con la venta de la vivienda se puede liquidar la hipoteca y además pagar otras deudas, se procede a su liquidación. Sucedería, por ejemplo, con una casa valorada en 80.000 euros que tiene una hipoteca de sólo 64.000 euros. En el caso B, si con la venta de la vivienda sólo se puede afrontar la deuda del banco y no de otros acreedores, no se procedería a venderla. Por ejemplo, una vivienda que está valorada en 80.000 euros y su hipoteca es de 100.000 euros.

«Para decidir si estamos en el caso A o B, la persona física que solicite el concurso debe aportar un documento con una valoración técnica de la vivienda para que el juez decida si se pone a la venta o no. Además, se puede poner a la venta la vivienda sin intención de venderla, tan sólo para testar el mercado. Si nadie ofrece más dinero que la hipoteca, estaremos en el caso B. Si alguien ofrece algo más que la hipoteca, estaríamos en el caso A», explican fuentes judiciales.

Jesús Hernández Rey, abogado concursal en Abastar Concursales, aplaude el acuerdo de los jueces de Sevilla para que las personas físicas no pierdan su vivienda habitual y recuerda que «en la crisis de 2008-2018 muchos empresarios perdieron sus viviendas porque avalaron con sus bienes sus sociedades y ellos no se liberaron de sus deudas aunque sus empresas desaparecieron. Conozco casos de personas que avalaron a sus sociedades inmobiliarias y ahora corren el riesgo de perder sus viviendas o la han perdido ya o no pueden comenzar una nueva vida porque sufren embargos continuos».

José María Puelles es abogado administrador concursal y experto en ‘segunda oportunidad’, materia sobre la que ha escrito varios libros . Este letrado cree favorable el acuerdo de los jueces mercantiles de Sevilla porque, a su juicio, «los bancos son los primeros interesados porque si se vende una casa que está al corriente en el pago de la hipoteca, lo que no cubra la venta pasa a crédito ordinario y ese dinero entra en la exoneración de la deuda. En el caso de personas físicas en concurso que no están al día en el pago de la hipoteca, se puede negociar una nueva forma de pago o una moratoria del principal y ver después si se puede aplicar la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios».