ECONOMÍA
La guerra accionarial en Navair acaba en los tribunales
Los fundadores acusan a dos socios de apropiarse de la firma fraudulentamente
Una de las compañías aeronáuticas más veteranas de Sevilla atraviesa la mayor crisis de su historia . Y esta situación no está provocada por sus cifras de negocio, sino por un enfrentamiento entre accionista s que ha terminado con una querella criminal, en la que los fundadores (los hermanos Alberto y Olivier Simón) han denunciado por administración desleal y otros delitos societarios al empresario Julio Casas, al abogado Javier López Rubio y su esposa Pilar Ruiz, a los que acusan de haber infringido la ley de sociedades para apropiarse ilegítimamente de la empresa. La querella ha sido admitida a trámite y está en fase de investigación en el Juzgado de instrucción número 15 de Sevilla.
Navair comercializa equipos embarcados para aeronaves, barcos, carros de combate y satélites (fabrica la estructura mecánica, el cableado y la integración de los componentes). Su facturación en 2015 rondó los 3,5 millones y su récord de negocio fue en 2011, cuando superó los cinco millones. En noviembre de 2014 decidió ampliar su capital en 750.000 euros para dar entrada a Javier López Rubio (a través de la sociedad Zarzosloc) y Julio Casas Jiménez (con Ludensa). Los nuevos socios se repartían el 35% del capital, mientras que el 65% restante permanecía en manos de los hermanos Simón. Sin embargo, para crear un equilibrio de poderes con los nuevos accionistas, éstos tendrían la mayoría en el consejo (tres sillones frente a dos). En cualquier caso, los acuerdos más relevantes requieren de un 68% del capital para llevarlos a cabo.
¿Por qué están ahora enfrentados a ellos en los tribunales? Los fundadores de Navair denuncian que los problemas llegaron tras un año de funcionamiento, cuando los socios minoritarios impusieron el nombramiento de Pilar Ruiz (esposa de Javier López Rubio) como consejera delegada sin limitación de facultades, asumiendo además el cargo de responsable financiera, en contra de la voluntad de los accionistas mayoritarios.
En verano llega el segundo choque: Navair decide crear una filial en Estados Unidos (en Mobile, Alabama), en la que mantiene un 51% de los títulos, mientras que el 49% restante pertenece a dos sociedades de los minoritarios Julio Casas y Javier López (en concreto, se trata de las empresas Parfox y Magna, domiciliadas en Delaware). Para sacar adelante esta iniciativa obtienen financiación pública y privada de dos millones de euros, según consta en la denuncia.
A partir de ese momento se desencadena la batalla . En un consejo celebrado el 4 de octubre el abogado Julio López Rubio, su esposa Pilar Ruiz y el empresario Julio Casas exigen elevar su participación accionarial y lograr la mayoría con una ampliación de capital. Para ello, amenazan a los hermanos Simón con presentar un concurso de acreedores si no prospera la propuesta (y todo ello a pesar de haber obtenido dos millones de euros para el proyecto americano). Tras el choque en el consejo, cesan Alberto Simón (presidente) y a Olivier Simón (consejero delegado), que también es despedido como responsable del departamento de ingeniería.
El conflicto sube un escalón y se traslada a la junta de accionistas. La familia Simón, como dueños del 65%, trata de convocar una junta urgente sin éxito para pedir responsabilidades. Y en paralelo, los minoritarios convocan cuatro juntas generales en un plazo de dos meses cuyo único punto en el orden del día es hacer un aumento de capital. En la primera intentan instar el concurso de acreedores, aunque el voto de los hermanos Simón lo impide . En diciembre y enero se convocan consejos y juntas sucesivas, aunque cuando llega el día de la celebración se cierran las puertas a cal y canto para evitar que los hermanos Simón accedan a las instalaciones de Navair. En una ocasión (el 31 de enero), se llegó a conceder un día de vacaciones forzosas a toda la plantilla para evitar que hubiera testigos, indica la denuncia.
La situación se repite el día 2 de febrero . Sin embargo, en esta ocasión, al marcharse recibieron un correo electrónico de Javier López Rubio en el que se les informaba que ante su incomparecencia se había nombrado a Julio Casas como consejero delegado. El 10 de febrero, tras un nuevo intento de «junta fraudulenta», denuncian, se comunica de nuevo por correo electrónico a los hermanos Simón que ya no son accionistas mayoritarios de la empresa. Ahora será un juez quien dictamine la legalidad de este procedimiento.
El fundador de Navair, Alberto Simón, tiene registrado como domicilio para recibir un burofax la sede de la compañía. Denuncia que sus socios no le dejan entrar en las instalaciones de la empresa y, a pesar de ello, Julio Casas y Javier López han enviado diez burofax a la propia compañía a la que no pueden acceder para utilizarlos como coartada. En ellos López y Casas «creaban la apariencia de que estaban informando a los hermanos Simón de todos los pasos que estaban dando», como el cese de consejeros y la ampliación de capital con la que se han hecho con el 68%. Los fundadores de Navair han conseguido estos burofax y los han incluido en la querella.
