La Guardia Civil busca una ayuda de los ERE en Almonte
Toma declaración como testigos a extrabajadores de la cooperativa Cristo Obrero para conocer el paradero de 400.000 euros
La Guardia Civil tomó el pasado miércoles declaración en calidad de testigos a cinco extrabajadores de la Cooperativa de Consumo Cristo Obrero de Almonte , dentro de las diligencias previas 174/2011 que con motivo de la investigación del fraude de los ERE mantiene abiertas el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
La investigación trata de esclarecer el paradero de una ayuda sociolaboral de 400.000 euros perteneciente a la partida presupuestaria 31L, conocida como «fondo de reptiles», y concedida a la cooperativa almonteña en agosto de 2009 con el objetivo de pagar las nóminas atrasadas de la plantilla de una empresa que, ya por entonces, se encontraba en situación de quebranto económico.
La ayuda fue concedida por la Junta de Andalucía siendo director general de Trabajo el onubense Juan Márquez, imputado en la causa de los ERE presuntamente fraudulentos por cuatro delitos relacionados con la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas por valor de 154 millones de euros.
Durante el extenso interrogatorio realizado en la mañana del miércoles, dentro de la investigación de una pieza separada, los trabajadores interrogados en calidad de testigos manifestaron que no tenían ningún conocimiento de que la cooperativa hubiera solicitado dicha ayuda, y que el pago de sus nóminas atrasadas no se efectuó a cargo de la misma, sino por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), una vez que éstos se vieron obligados a denunciar a la empresa por los reiterados impagos, por lo que se desconoce de momento el destino de los 400.000 euros de la ayuda.
La Cooperativa de Consumo Cristo Obrero de Almonte, que llegó a tener en su plantilla a más de una veintena de trabajadores, se declaró en concurso voluntario de acreedores tan sólo tres años después del cobro de la subvención a cargo del «fondo de reptiles».
La investigación sobre el destino de esta ayuda deriva de las pesquisas que está realizando el Instituto Armado para aclarar el destino de dos ayudas recibidas por la Cooperativa Panificadora San Francisco de Borja (Coborja) de Bonares, en 2002 y 2010 por una suma de 900.000 euros que tenía como objetivo materializar un proceso de fusión con sus dos homólogas, la mencionada cooperativa almonteña y la Cooperativa Coviluz de Lucena del Puerto , localidad de la que es natural el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, en su momento responsable de la concesión de las ayudas.
La fusión no llegó a buen puerto, pero el dinero de la subvención sí fue recibido por Coborja. En 2015, trece años después de la concesión, la Junta de Andalucía publicó en el BOJA un procedimiento de r evisión de oficio por ambas ayudas, en un intento baldío por recuperar las cantidades concedidas ya que, por aquel entonces, la cooperativa bonariega tenía sus bienes embargados por la entidad bancaria con la que mantenía una hipoteca.
