Los frentes legales de Abengoa

La tesión que ha generado el preconcurso de Abengoa tanto entre los acreedores como en los inversores está dando paso a una compleja batalla legal en varios frentes y en diversas jurisdicciones. El ministro de Economía —que sigue siendo el más crítico en el análisis de la situación de Abengoa— abrió ayer fuego con una dura crítica a la anterior cúpula directiva. Tras la indemnización de 11 millones recibida por el expresident e, Felipe Benjumea, y los 4 millones del exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, Guindos remarcó que los acreedores públicos como el ICO tienen actualmente instrucciones de analizar si los pagos por indemnizaciones de la entidad, días antes del preconcurso, les afectan. La manifestación más dura llegó cuando afirmó que este cobro fue «poco presentable». También recordó que Abengoa debe aclarar su situación porque «está integrada por un entramado de empresas muy complicado». En este momento, la compañía encara tres frentes legales.

Los accionistas minoritarios ya han anunciado que demandarán ante el juzgado de lo Mercantil de Madrid tanto a Abengoa como a su consejo de administración en virtud del 124 de la ley del mercado de valores, argumentando que la información difundida por los directivos de la compañía no proporcionaba «una imagen fiel del emisor». Javier Cremades, abogado y secretario general de Aemec también criticó la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por no haber respondido ante las advertencias que dio dicha organización transmitió este verano.

Dos bonistas han presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente y el ex consejero delegado de la empresa por los delitos de administración desleal y uso de información privilegiada. Los querellantes consideran que ambos directivos buscaron su "propio beneficio y lucro personal" al cobrar indemnizaciones millonarias justo antes de que la empresa se fuera a pique. A Sánchez Órtega le afean fichar por el fondo de inversión Blackrock, una firma que apostó precisamente por la caída de Abengoa al mes de llegar el exconsejero delegado. Será la juez Carmen Lamela debe decidir si admite a trámite la querella y abre así una investigación.

Antes de presentar el preconcurso de acreedores, ampliación de capital, se abrió un posible flanco judicial en Estados Unidos. El bufete Gainey McKenna & Egleston inició en agosto la primera demanda colectiva en Nueva York contra la compañía por las discrepancias con el plan de desinversiones presentado por la empresa para garantizar el apoyo de los bancos. Este bufete acusó a Abengoa de tergiversar datos sobre su liquidez. Otras firmas, como Levi & Korsinsky, también están tratando de aglutinar fuerza para sumarse a este demanda.