Economía
Hoy finaliza el plazo que Abengoa pactó con bancos y fondos para cerrar su tercer rescate financiero
La Junta insiste en que sigue buscando fórmulas legales para ayudarle, mientras que los acreedores minoritarios dicen que el Estado se juega 300millones con el plan
Rescate de Abengoa: Urquijo vuelve a prorrogar el plazo para que la Junta dé 20 millones a la empresa
Mientras l a Junta de Andalucía sigue manteniendo que busca fórmulas legales para ayudar a Abengoa en su plan de refinanciación, este jueves expira el plazo que la multinacional había pactado con el grueso de entidades financieras, fondos de inversión y acreedores para cerrar su tercer rescate. La empresa, que adeua 6.000 millones de euros, insiste en que el plan de refinanciación no puede salir adelante sin la ayuda de los 20 millones de euros que ha pedido a la Junta de Andalucía y con los que piensa pagar sus deudas a acreedores comerciales.
Por su parte, la plataforma que reúne a accionistas minoritarios de la matriz subraya que la única manera de que el plan ideado por Gonzalo Urquijo, presidente de la compañía, sea legal es que pase por la junta de accionistas. Por ello, la plataforma AbengoaShare conmina al consejo de administración a la convocatoria urgente de dicha junta de accionistas y recuerda que el pasado 16 de septiembre solicitaron notarialmente su convocatoria. «El plazo legal de esta convocatoria formal del 3% del capital de Abengoa termina este 16 de octubre», recuerdan.
Estos accionistas, que han presentado una demanda en el Juzgado Mercantil contra el rescate financiero planteado por Urquijo, recuerda que la compañía debe de convocar junta general ordinaria para aprobar las cuentas de 2019. «El auditor debe de supervisar las cuentas con los criterios de empresa en funcionamiento porque ni Abengoa está en liquidación ahora y mucho menos lo estaba el año pasado», indica este colectivo, al que el juez rechazó la posibilidad de suspender cautelarmente el plan de refinanciación.
Los accionistas desean ver las cuentas porque denuncian que «no se ha publicado ni facilitado la valoración de la empresa cuya financiación se solicita, Abenewco1 ». También denuncian que tampoco se ha facilitado ni publicado el informe que sitúa a la matriz en supuesto default. «No sabemos ni si quiera su identidad ni las bases de su valoración pese a que ha sido requerida de forma insistente«, señalan desde AbengoaShares.
Por otra parte, los accionistas de Abengoa -empresa que cotiza en Bolsa- recuerdan que la Secretaría de Estado de Comercio del ministerio de Economía e Industria es uno de los principales accionistas de Abengoa con el 3,152% del capital de la compañía , según figura en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «No sólo se juegan ese 3,152% sino los nuevos préstamos y avales del plan Urquijo, en total entre 250 y 300 millones de los 550 del plan; o sea, una nacionalización sin toma de control ni presencia en el Consejo futuro de Abenewco 1», añade.
El colectivo de accionistas pide a l a Junta de Andalucía y el ICO que exijan al consejo de administración de Abengoa la formulación de las cuentas de 201 9 y la celebración de junta general de accionistas «para aprobar un plan con garantía de salvar la matriz y un acuerdo razonable con los minoritarios», apuntan. Subrayan además que el consejo de administración informaba a la CNMV el pasado 19 de mayo de su estrategia para «reinstaurar el capital social de Abengoa» y sacarla de la causa de disolución. «Ese compromiso parece olvidado. Por eso es clave que la Junta de Andalucía y/o el ICO o Cesce exijan como premisa la supervivencia de la sociedad matriz», añaden. Para evitar el concurso de la matriz, Abengoa S.A., la empresa tiene que convencer a acreedores comerciales con deudas vencidas por 153 millones que permuten esos créditos por préstamos participativivos. La multinacional no ha informado hasta ahora qué porcentaje de adhesiones tiene de esos acreedores comerciales.
Recurso de apelación
Por otra part e, AbengoaShares presentó el pasado 9 de octubre un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla solicitando la suspensión cautelar del plan de Gonzalo Urquijo por el «daño irreparable» que produciría en caso de llevarse a cabo ya que los accionistas perderían todos sus ahorros. Insiste la plataforma que ese rescate fue aprobado el pasado 6 de agosto por el consejo, extremo sobre el que existen numerosas evidencias, documentos y actos propios de ese organismo y los acreedores. Recuerdan además que «el negocio se transfiere a los acreedores por razón de una amortización anticipada de los bonos basado en un informe no publicado que sitúa ex profeso a la matriz en un supuesto default ».
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