El error burocrático que puede tumbar la fábrica de Ercros

El 73% de los empresarios consideran que la burocracia institucional de la Junta de Andalucía es uno de los grandes lastres para el crecimiento económico, según una encuesta realizada recientemente por PwC. El pasado lunes la compañía catalana Ercros pudo comprobar esta realidad en primera persona. En un desayuno informativo realizado por una emisora de radio en Huelva, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, anunció de improviso que sacaría a concurso público la salina que provee de materia prima a la fábrica de sosa cáustica de Palos de la Frontera. En la práctica, eso supone quebrar un proyecto para revitalizar la factoría de Ercros en el que un grupo de inversores andaluces ya ha desembolsado más de 5,5 millones de euros. «Nos enteramos porque los empresarios presentes en el desayuno informativo nos llamaron rápidamente para informarnos», apuntan fuentes cercanas a la empresa catalana Ercros.

Esta compañía anunció el pasado año su intención de cerrar la fábrica y centralizar sus operaciones en Cataluña (para evitar hacer la inversión económica exigida por la UE para actualizar sus procesos productivos en Andalucía). Frente a ello, la entonces denominada consejería de Economía, Innovación y Ciencia pidió que se estableciera alguna fórmula que permitiera mantener la actividad. Con la ayuda de los bufetes Uría y Cuatrecasas se creó un esquema societario en el que Ercros transfería sus activos en Huelva y la concesión de la salina contigua a la empresa de nueva creación Electroquímica Onubense.

«La relación con los técnicos de la Junta fue permanente, se informó detalladamente de todos los pasos y cuando llegó el momento de vender la sociedad a los inversores se cambió incluso la escritura con todas las sugerencias que realizó la propia administración andaluza», apuntan fuentes de la negociación. En aquel momento, los inversores andaluces que decidieron revitalizar la fábrica de Ercros hicieron un primer desembolso de cuatro millones de euros por la fábrica —según informó la compañía cotizada catalana en la CNMV— y ya han destinado otros 1,5 millones para la mejora de los hornos.

Electroquímica Onubense requería tres permisos. Ya tiene el que depende del Puerto de Huelva para gestionar las operaciones fabriles en la salina (como las zonas para evacuar aguas residuales y las áreas de almacenamiento de mercancías). Dado que el acopio de sal es una actividad extractiva, también necesita el permiso minero (un trámite que también va por buen camino y se ha realizado en sintonía con la administración regional) y, por su ubicación, esta concesión también necesita un tercer plácet conforme a la Ley de Costas.

«Es cierto que había que informar de la transmisión de la concesión de la salina a Medio Ambiente, es un mero trámite porque el derecho minero prevalece sobre la ley de costas, no se cumplió ese aspecto pero se puede subsanar si hay verdadera voluntad política por mantener la actividad de Ercros». Eso es lo que está en cuestión, si «hay voluntad política». En base a un error burocrático subsanable, el consejero José Fiscal ha decidido que revocará la concesión de la salina y convocará un nuevo concurso. Ercros ya ha denunciado que separar la fábrica y la salina es, en la práctica, provocar el cierre de la planta de sosa cáustica, pues la provisión de materia prima (sal) a un precio competitivo es fundamental. Están en juego 70 empleos directos y una inversión adicional de diez millones que iba a ser incentivada en parte por la propia Junta de Andalucía.

Tras la denuncia de un trabajador de Ercros afiliado a UGT, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ordenó hace tres semanas que se hiciera una inspección a esta compañía para indagar si se ha cometido alguna infracción o delito medioambiental en sus instalaciones industriales de Huelva en los últimos años. Unos días después, sin que haya todavía resultados de esta investigación, anunció que sacaría a concurso la concesión la salina, lo que en la práctica supondrá el cierre de la fábrica de Palos de la Frontera. La llegada de los inversores andaluces se produce, precisamente, bajo la condición de que actualicen todos los procesos productivos para adecuarlos a las normativas de la Unión Europea.