Encuesta CSIF del profesorado
Los docentes ven en la pérdida de autoridad su mayor problema
La gran mayoría quiere una ley perdurable en el tiempo y sin diferencias autonómicas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) acaba de realizar una encuesta dirigida a docentes y al resto de la comunidad educativa , donde el cien por cien de los entrevistados abogan por un Pacto Nacional por la Educación (PNE) que dé estabilidad al sistema educativo. Esta carencia la achacan a los políticos en el 89,9% de las respuestas. Llama la atención que cuando se les pregunta por el principal problema en España en Educación, la respuesta de casi uno de cada tres profesores sea la pérdida de autoridad.
El 96 por ciento demanda «una estructura básica en toda España, perdurable en el tiempo y que se acabe con las diferencias entre autonomías , que a veces llevan cierta discriminación», apuntan desde el sindicato. Siete leyes educativas en 40 años de democracia desconciertan al sector.
Este es un breve resumen de ese mar de siglas que nos hemos tenido que aprender para nada . La Ley General de Educación (LGE) se aprobó en el tardofranquismo, pero llegó a estar vigente hasta 1980. Fue impulsada por el ministro de Educación José Luis Villar Palasí, y estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años. Tras ocho años de Educación General Básica, se accedía al llamado Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), o a la Formación Profesional.
Después vino la LOECE en 1980, con la UCD, la primera en democracia, con la Constitución del 78 recién estrenada. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), del PSOE, incorporó el sistema de colegios concertados. Más tarde los propios socialistas dan definitivamente el carpetazo a la LGE de 1970 e introducen en 1990 la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
En 40 años de democracia van ya siete leyes educativas distintas
Esta última es la que permite a las comunidades autónomas redactar una parte muy importante de los contenidos. Se adapta a un modelo más tecnológico y amplía la escolaridad obligatoria a los 16 años . Introduce la ESO. Cinco años más tarde vienen nuevos cambios también de la mano del PSOE: la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Fue rechazada de pleno por los sindicatos de profesores, que consideraban que abría la puerta a la privatización de la enseñanza pública.
Con el PP se promulgó en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) pero nunca llegó a aplicarse. Llegó muy tarde, en la segunda legislatura de Aznar, y fue paralizada en 2004 con Zapatero. Le siguió su LOE en 2006, con su polémica asignatura de Educación para la ciudadanía, obligatoria y evaluable, en detrimento de Lengua y Literatura, cuyas horas lectivas se redujeron en 25. El alumnado podía pasar de curso con materias suspendidas . El PP consideró que Educación para la ciudadanía suponía la incursión del Estado, como adoctrinador en la moral de los estudiantes.
Y por último, la ley quizás más polémica de todas, la LOMCE de 2013 o Ley Wert . Volvía a dar plena validez académica a la asignatura de Religión, recuperaba las pruebas externas de evaluación o reválidas, recortaba las becas universitarias y establecía conciertos con los colegios que separan por sexo a los alumnos. Se derogó en cuanto en PP perdió la mayoría absoluta.
Blindar el dinero
Y es precisamente en esa falta de mayorías donde los sectores educativos, lejos de ver un problema, atisban una oportunidad para llegar a un pacto de consenso. Según la encuesta del CSIF en Andalucía , una abrumadora mayoría de docentes , el 92 por ciento, pide además que «se blinde en el pacto el dinero destinado a la Educación para que no sufra con los vaivenes de la economía».
También un altísimo porcentaje de las respuestas de los profesores (un 97,7%) reclama un Estatuto Docente a nivel nacional , «que salvaguarde, dignifique y asegure el reconocimiento social y profesional del profesorado». Casi en las mismas cifras, el 91,3 por ciento, es partidario de que sean considerados autoridad pública, algo que ya reconocía la denostada LOMCE.
Donde no hay tanta unanimidad es en el binomio pública-concertada . Un 25 por ciento cree que se debe potenciar y tratar a todas por igual. Sobre la retribución, un 48,6% considera que los docentes deberían estar mejor remunerados, el 35,2% que es baja frente a otros países de la OCDE y sólo la ven adecuada el 16%.
En cuanto al número de alumnos por aula la gran mayoría, el 94,2 por ciento, considera necesario bajar la ratio al menos un 20 por ciento para poder compararnos con países de nuestro entorno. En la encuesta del sindicato se pone de manifiesto asimismo que el sentir general del profesorado (un 91,6%) es que la propia Administración culpabiliza a los docentes de la gran parte de los problemas de la Educación.
