Coronavirus Andalucía
Los ERTE llegan a 35 registros de la Propiedad de Andalucía
Más de 400 trabajadores están afectados por ajustes laborales realizados en estos despachos tras el desplome de la actividad inmobiliaria
![Edificio donde se encuentra uno de los registros de la Propiedad de Sevilla capital](https://s2.abcstatics.com/media/economia/2020/06/03/s/colegio-registradores-sevilla-kS9C--1248x698@abc.jpg)
La entrada de documentos en los registros de la Propiedad ha caído un 75% por el impacto de la crisis del coronavirus en las actividades que generan la mayor carga de trabajo en estos despachos profesionales. Las compraventas de viviendas y las hipotecas asociadas se han paralizado en gran medida desde la aprobación del estado de alarma, a mediados de marzo, y eso conlleva que el movimiento de papeles y documentos que gestionan los registros suponga solo el 25% de lo que era habitual hace un año, según las estimaciones de CSIF Andalucía. El tráfico inmobiliario se ha hundido y en registros donde se presentaban habitualmente 100 documentos al mes, hoy se gestionan entre 25 y 30.
El descenso de ingresos está causando un impacto laboral en los despachos de los registradores de la propiedad de toda Andalucía, que han empezado a ajustar sus plantillas a través de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), como están haciendo miles de empresas y autónomos en toda España.
En la comunidad autónoma hay 210 registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de los cuales 35 han aplicado ERTEs, lo supone cerca del 17% de toda la red regional. «Es lo que tenemos contabilizado hasta el momento, pero creemos que son más», señala Almudena González de Sande, responsable de Registros de CSIF en Andalucía .
El sindicato estima que estos ERTE afectan a más de 400 personas , el 16% de las 2.563 que trabajan en despachos de los registradores de la propiedad en toda la comunidad autónoma.
Los registros que han aguantado la situación y no han recurrido a los ERTE se encuentran, en la inmensa mayoría de los casos, con los empleados cobrando mínimos (1.288 euros brutos para un oficial y 1.173 brutos para los auxiliares), dado que los salarios de sus empleados dependen, en un porcentaje, de la facturación del Registro. «Tenemos una parte mínima garantizada y otra en función de los ingresos del registro, pero si no hay ingresos no percibimos esa parte variable y cobramos solo el mínimo», explica Almudena González de Sande.
Cada registro de la Propiedad está encabezado por un registrador que, a efectos jurídicos, es funcionario el Estado , y a efectos laborales funciona como un empresario autónomo con trabajadores contratados. Hay registros que tienen cuatro empleados y otros que llegan hasta 30 o más, dependiendo del distrito hipotecario que cubran. En Andalucía, los despachos de más movimiento se concentran en la costa de Málaga o en grandes poblaciones del cinturón de Sevilla, donde hay mayor densidad de población y el negocio inmobiliario es más dinámico. Solo en la provincia sevillana hay 41 registros de la propiedad, el 20% de toda la red andaluza.
«Segundo golpe»
Es especialmente significativo cómo está afectando esta crisis a los registros con oficinas liquidadoras de impuestos . En Andalucía, de los 210 registros, actualmente hay 24 que conservan toda esta actividad frente a las 91 que había antes de enero, cuando se firmó el nuevo convenio con la Junta de Andalucía para regular las funciones de estas oficinas en las que se liquidan impuestos autonómicos, como el de transmisiones patrimoniales. Las que se quedaron vacías de este contenido se limitan ahora a ser «meros buzones», señala la representante sectorial de Csif en Andalucía.
«Esas oficinas tienen un futuro muy negro, ya que al nuevo convenio suscrito por la Junta de Andalucía y los Registradores en enero de 2020, que empeoró drásticamente sus ingresos y funciones, se les ha añadido la crisis del coronavirus y a muchos les va a resultar imposible remontar esta situación y se perderán muchos puestos de trabajo», subraya.
«Queremos ser optimistas y esperamos que la Junta de Andalucía se replantee el convenio de las oficinas liquidadoras y les devuelva funciones e ingresos, porque si no, muchos empleados irán a la calle definitivamente cuando esto acabe, ya que muchos de los registros con oficina liquidadora que han quedado como meros buzones se han vuelto prácticamente inviables», añade Almudena González de Sande. De hecho de los 35 registros en ERTE, 24 tenían oficina liquidadora con todas las funciones y ahora han quedado reducidos a la recepción de documentos y a ejercer solo de «escaneadores» de los mismos.
También es significativo que, a nivel nacional, los registros afectados por ERTE son alrededor del 10% y en Andalucía esta cuota es sensiblemente mayor, situándose en torno al 17%, según los datos contrastados por Csif, aunque el sindicato estima que en realidad se puede estar ya en torno al 25%.
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