Crisis de Abengoa
El consejo de Abengoa acusa a los accionistas críticos de guiarse por intereses personales
La plataforma AbengoSares, objeto de las acusaciones, se queja de «amenazas» y esgrime su derecho a defender sus posiciones de forma democrática
El actual consejo de administración de Abengoa ha remitido un informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que acusa a los accionistas críticos, agrupados en la plataforma AbengoaShares, de maniobrar para mejorar su posición en la compañía en contra de «los propios intereses de los accionistas en general».
Los administraciones reiteran que el plan de reestructuración, denominado «Plan Vellocino» , alcanzado en agosto de 2020 con los principales acreedores financieros de la sociedad, es «la única opción realista y realizable» para dotar de viabilidad al grupo y evitar su liquidación.
Este escrito sobre la situación de la compañía se publica ante la convocatoria de la junta extraordinaria convocada para el próximo 3 de marzo. El órgano rector de la empresa trata de cubrirse las espaldas por no aplicar las instrucciones dictadas por la junta general de accionistas de Abengoa SA del pasado 17 de de noviembre a los administradores, entre ellas, que se garantizase a la matriz del grupo un porcentaje accionarial mínimo del 20% en Abenewco 1, que es la sociedad a la que se han traspasado todos los activos y el negocio del grupo.
Otras órdenes son que se elabore un nuevo plan de negocio, que se modifique el perímetro de las deudas estructuradas o que se vendan activos y se contraiga nueva deuda.
«Los accionistas de AbengoaShares han adoptado acuerdos e instruido al Consejo, en un intento de mejorar su posición, siendo ese intento claramente contrario a los propios intereses de los accionistas en general, dado que de no ejecutarse el plan de reestructuración y llevar a la sociedad a la liquidación, su posición esperable es infinitamente peor que la conferida mediante la ejecución del plan, puesto que su participación en el proceso de liquidación sería nula», asevera el consejo.
Dado que no responden personalmente de las deudas sociales, podrían tener incentivos para adoptar decisiones de imposible ejecución o en interés propio, pero en perjuicio del interés social y, en este caso, claramente dañosas para los acreedores, como una forma de presión a éstos últimos para obtener mejores condiciones en la reestructuración financiera en perjuicio de terceros», afirma en uno de los párrafos más duros.
El consejo señala que continúa «trabajando y apoyando al equipo directivo de la sociedad en todas las alternativas posibles para alcanzar el objetivo de posibilitar la ejecución de la operación de refinanciación» de Abengoa.
Fuentes de AbengoaShares afirman que acusar a esta plataforma de tratar de mejorar su posición en contra del resto, «es una incoherencia, porque hay 90.000 accionistas que piensan igual y que no hacen más que recibir amenazas».
«Lo único que hacemos es utilizar el derecho que otorgan los estatutos de cualquier empresa para convocar una junta general y tomar decisiones de forma democrática », subrayan.
Reuniones con las partes
En la documentación, el consejo de administración del grupo relata de las reuniones mantenidas desde su nombramiento el pasado mes de noviembre con la dirección de la compañía, sindicatos, asesores externos, así como con fondos e inversores alternativos a la inyección de 20 millones de euros que iba a asumir la Junta de Andalucía en el plan de rescate.
Así, defiende que las instrucciones impartidas por los accionistas en la junta general celebrada el pasado 17 de noviembre, por la que se adoptó reprobar el plan de reestructuración financiera acordado en agosto, «son contrarias a la ley» , por lo que considera que su decisión de «no proceder a su ejecución en sentido estricto resulta plenamente ajustada a Derecho».
En concreto, el órgano rector estima que esa instrucción adoptada en la junta de noviembre es «colusoria, es decir, está dictada enperjuicio de terceros».
A este respecto, señala que los accionistas de AbengoaShares han «adoptado acuerdos e instruido» al consejo, «en un intento de mejorar su posición, siendo ese intento claramente contrario a los propios intereses de los accionistas en general, dado que de no ejecutarse el plan de reestructuración y llevar a la sociedad a la liquidación, su posición esperable es infinitamente peor que la conferida mediante la ejecución del plan, puesto que su participación en el proceso de liquidación sería nula ».
Instrucciones ilegítimas
De esta manera, el actual consejo cree que esas instrucciones «son ilegítimas por esperarse de su seguimiento daños a los diferentesinteresados, sin ser realista un resultado más positivo» y elevan « el riesgo de que Abengoa vaya a concurso, sea liquidada y se eleven extraordinariamente las pérdidas de los acreedores y de los propios accionistas».
Por ello, defienden que si los administradores ejecutan las instrucciones, «podrían incurrir en responsabilidad penal (insolvencia punible del art. 259.5ª y 9ª del Código Penal), en responsabilidad concursal (condena al pago del déficit concursal, ex art. 456 de la Ley Concursal) y, en su caso, en responsabilidad civil ex 1902 CC por los daños que sufran los acreedores».
Acreedores y plan de negocio
Además, el consejo de administración del grupo de ingeniería y energías renovables advierte de que los acreedores que han comprometido la financiación y los avales necesarios para asegurar la continuidad de la entidad y de su actividad económica han manifestado que la retirarán «en caso de producirse un cambio en el consejo que debe ejecutar el plan de negocio actualizado ».
Así, destacan que la intención de provocar una renegociación de la refinanciación para que la matriz mejore su posición en la estructura de capital «es meramente ilusoria».
El consejo de administración de Abengoa está actualmente conformado por Juan Pablo López-Bravo, como presidente ; y por Margarida Smith y Jordi Sarrias , consejera.
La junta general extraordinaria, convocada a petición del grupo de accionistas minoritarios AbengoaShares, incluye entre sus puntos del día, además de este informe sobre la situación de la compañía, la reprobación y cese de los miembros del actual consejo.
Así, la plataforma de accionistas someterá el nombramiento de nuevos miembros para su órgano rector, entre los que figuran Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y José Joaquín Martínez .
Plan de rescate
El pasado 6 de agosto, el grupo alcanzó un acuerdo para que Abengoa Abenewco 1, que según el plan -denominado 'Vellocino'- está previsto que pasará a ser sociedad cabecera de todos los negocios de la empresa, suscribiera un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que solicitó la garantía del ICO al amparo del Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19.
Al préstamo de 230 millones sumaba Abengoa una línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, calificada como nueva línea de avales.
El cierre de la operación estaba pendiente de la contribución de la Junta de Andalucía a ese rescate en unos 20 millones de euros adicionales que no se terminó de concretar.
El pasado 23 de diciembre, el nuevo consejo de administración de Abengoa , presidido por Juan Pablo López-Bravo, ya consideró que la refinanciación convenida en agosto era «la mejor y única solución para el grupo».
El órgano rector de la compañía, con dos integrantes de los tres iniciales tras la dimisión de Jordi Sarrias , advirtió de que demorar su ejecución más allá del día 31 de ese mes «conduciría a la liquidación del grupo, a la pérdida de miles de empleos y a la destrucción total de valor para Abengoa SA y para sus accionistas».
