Crisis de Abengoa
Bonistas y proveedores de Abengoa aceptan aplazar el cobro de una deuda de 500 millones
Los aplazamientos suponen un aval para el nuevo presidente la compañía, Clemente Fernández
Abengoa ha conseguido un nuevo aplazamiento en los pagos de su deuda, esta vez por parte de los bonistas, según una comunicación relevante remitida este viernes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el nuevo plazo se alarga otras tres semanas, hasta el 29 de octubre, para unos pagos pendientes por valor de 169 millones de euros.
Este nuevo aplazamiento se produce después de que el pasado lunes la compañía comunicase el apoyo mayoritario de los proveedores para extender hasta el próximo 15 de diciembre el plazo del vencimiento de otro préstamo, que en este caso se eleva a 323 millones de euros.
Con ello, el nuevo presidente de Abengoa, Clemente Fernández, designado el primero de octubre por la junta de accionistas de la compañía, consigue un nuevo margen de tiempo para tratar de avanzar en alguna solución que permita asegurar la viabilidad de la multinacional andaluza, cuya matriz está en concurso de acreedores, con unas deudas que superan los mil millones de euros.
Junta de accionistas
Así, la junta general ordinaria de accionistas celebrada el viernes 1 de octubre aprobó la propuesta de facultar expresamente al presidente del consejo de administración, al secretario del consejo y a la administración concursal para que cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante notario, otorgue las escrituras públicas necesarias y proceda, si es el caso, a la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados que legalmente lo requieran.
Asimismo, se autorizó al consejo de administración para que pueda «interpretar, aplicar, ejecutar y desarrollar» los acuerdos aprobados, incluida la «subsanación y cumplimiento de los mismos, así como proceder a delegar en cualquiera de sus miembros para otorgar cualquier escritura de rectificación o complementaria que sea menester para subsanar cualquier error , defecto u omisión que pudiera impedir la inscripción registral de cualquier acuerdo».
Los accionistas rechazaron las restantes propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día de la junta que fue remitida a dicha comisión.
Hace justo una semana, los accionistas minoritarios de Abengoa , cuyos títulos tienen sindicados en la plataforma AbengoaShares, entraron en el consejo de administración de Abengoa y Abenewco 1.
El cántabro Clemente Fernández González se sentará en ambos consejos, mientras que José Joaquín Martínez Sieso lo hará en el de la sociedad filial. Además, José Luis López-Bravo dimitió como presidente del consejo de la sociedad matriz. Posteriormente, Fernández González fue nombrado presidente del consejo.
El grupo de infraestructuras y energías renovables solicitó el pasado mes de febrero la declaración de concurso voluntario de acreedores debido a que no había logrado que los acreedores financieros otorgaran los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración.
A mediados del pasado mes de marzo, Abengoa solicitó a SEPI el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, por un importe de 249 millones de euros.
En concreto, la empresa presentó al 'holding' público una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Es tratégicas, creado por el Gobierno para ayudar a compañías impactadas por la crisis del covid-19 y dotado con 10.000 millones de euros.
En mayo, el fondo estadounidense Terramar presentó una oferta de rescate para Abenewco 1, que cuenta con la oposición del grupo de accionistas minoritarios AbengoaShares.
El pasado 7 de julio, el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla declaró la suspensión de las facultades patrimoniales de Abengoa, accediendo así al cambio de régimen solicitado el pasado 22 de junio por la administración concursal de la empresa (Ernst & Young Abogados).
Asimismo, resolvió que los derechos políticos y económicos de la concursada en sus filiales pasarán a ser ejercidos por la administración concursal.
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