El bloqueo a Ercros costará 70 empleos y 15 millones de inversión

El Gobierno de Susana Díaz está firmemente decidido a quebrar los planes de Ercros , que había buscado a un grupo de inversores andaluces para mantener la actividad en su factoría de Palos de la Frontera. Con ello, se liquidarían setenta empleos directos y se esfumaría un desembolso de más de 15 millones de euros. La denuncia pública que realizó Ercros el pasado miércoles sobre el bloqueo burocrático a este proyecto empresarial ha recibido una respuesta contundente de la Administración autonómica, que justifica el futuro cerrojazo de esta factoría argumentando que «siempre apoyará actividades que generan prosperidad a los habitantes del entorno a la vez que contribuyen al mantenimiento del ecosistema».

Para facilitar la llegada de un inversor, Ercros ha creado en los últimos meses la filial Electroquímica Onubense , que cuenta tanto con la factoría de Palos de la Frontera como con la concesión de la salina de las Marismas del Odiel. El abastecimiento de sal es fundamental para la fábrica, ya que es la materia prima para producir cloro y sosa cáustica (principal producto de Ercros en Huelva). Bajo estas condiciones, un grupo de inversores andaluces acordó la adquisición de esta sociedad y se comprometió a hacer un desembolso de 15 millones de euros para modernizar sus procesos (adaptándolos a la normativa de la UE) y garantizar el empleo. Aunque en todo este proceso el diálogo con la Administración andaluza había sido muy fluido (de hecho, esta iniciativa puede recibir ayudas públicas), ahora la Consejería de Medio Ambiente quiere segregar la salina y sacarla de nuevo a concurso, con lo cual este proyecto industrial es inviable.

Tras las denuncias de la empresa el pasado miércoles, el consejero José Fiscal ha reiterado su objetivo de tumbar esta inversión. En este sentido, la Junta alega que Ercros transmitió sus concesiones sobre dominio público marítimo terrestre a Electroquímica Onubense sin que «previamente la Consejería hubiera autorizado esa operación como es preceptivo, de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Costas». Como consecuencia de esto la transmisión se consideró "nula de pleno derecho y se produce la caducidad de la concesión".

Fuentes jurídicas consultadas por ABC indican que es un trámite muy complejo porque la salina está afectada por la normativa minera y por la ley de costas. En cualquier caso, denuncian que se ha creado una enorme inseguridad jurídica porque Medio Ambiente está instrumentalizando un error burocrático en una parte muy concreta del procedimiento para tumbar un proyecto en el que los inversores han puesto ya más de un millón de euros y que se ha hecho siempre con el diálogo con la Junta de Andalucía.