El área de contabilidad de la sede de Abengoa: epicentro del registro

«Estamos muy nerviosos y ya le hemos pedido información a la dirección de la empresa». La presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía , Laura Rodríguez , ha sido la primera persona vinculada a la compañía que ha atendido a los medios tras conocerse el registro que han practicado este martes miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Palmas Altas .

Rodríguez, que no ha presenciado la entrada de los agentes porque pertenece a otro departamento , ha descrito cómo sobre las nueve de la mañana, una veintena de guardias civiles ha accedido por una puerta de emergencia del edificio de servicios generales del complejo. «Después han subido a la planta donde se encuentra el área de contabilidad y allí se han puesto los chalecos que los identifica como agentes». Ha sido en ese momento, cuando los trabajadores llevaban un hora aproximadamente de trabajo, cuando se ha detenido su jornada laboral de manera abrupta. «Les han pedido a los compañeros que pararan de trabajar y que colocaran sus DNI encima de la mesa». Tras ser identificados, a los trabajadores se les ha informado que abandonaran la oficina.

La presidenta del comité de Abengoa Energía explica que el sentimiento generalizado entre la plantilla es de «nerviosismo , porque nadie se esperaba esto y no es plato de buen gusto tener una inspección de la Guardia Civil». Ha pedido información a la empresa pero entiende que hay que «dar un margen a la dirección porque a ellos les ha cogido tan de sorpresa como al resto de los trabajadores».

El registro de los agentes se circunscribe al departamento de contabilidad, donde los funcionarios policiales están volcando el contenido de medio centenar de ordenadores en discos duros externos. La UCO está ejecutando una diligencia solicitada por el juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que tiene abierta varias causas sobre la multinacional andaluza. Una de ellas, que tiene su origen en 2016, investiga delitos societarios contra el mercado y los consumidores. Dentro de ese caso, el juez indaga si en el periodo entre 2014 y 2016 se falsearon las cuentas para dar una apariencia de solvencia de cara a los inversores.

Una de las pruebas aportadas en la causa es un informe pericial presentado por los querellantes, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa -representada por el bufete Ius+Aequitas-, en el que se indica que entre otros artificios se ocultaron pérdidas o se incluyeron certificados de obras que no estarían acreditadas con el único fin de alterar de manera artificiosa la situación económica-financiera de la compañía. Abengoa se declaró en concurso de acreedores el pasado mes de febrero para evitar una quiebra definitiva. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido a los agentes que recaben todos los datos sobre el sistema de facturación para comprobar las afirmaciones que se hacen en ese informe.