ECONOMÍA
Los años prodigiosos de la lucha contra el fraude fiscal en Andalucía
Los ingresos en la batlla contra la ocultación tributaria y el dinero negro vuelven a batir un nuevo récord al alcanzar los 1.537 millones en 2016
Las inspecciones a gran escala de la Agencia Tributaria se han convertido en una noticia cada vez más habitual en los últimos años. En la operación Chopin más de 500 agentes y funcionarios registraron noventa discotecas —diez de ellas en Andalucía— en una «macrooperación» realizada el pasado verano contra las ventas en negro. Chopin se sumaba a la lista de otras redadas históricas, como la denominada «Presunto» , que tan solo unos meses antes había propinado un golpe al dinero oculto de una red de empresas vinculadas a la industria cárnica (afectó, en concreto, a 73 firmas que operaban en mercados centrales de distintas capitales españolas). Y seguían la estela de «Lechazo» y «Pasta Fresca» , dirigidas a grupos de restauración; de «Scarpe» , que puso en la diana a empresas del ramo del calzado y el textil; de «Ballesta» , que escrutó las cuentas de decenas de chatarrerías; o de «Pompeya» , con el foco en los clubes de alterne…
«El objetivo de la Agencia Tributaria es actuar tratando de anticiparse a las trampas al fisco , utilizando el factor sorpresa en aquellos negocios en los que se manejan elevadas cantidades de efectivo», indica Jorge Ramírez , Delegado Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, para quien «estas actuaciones de control, que implican la entrada y el registro en locales del contribuyente , permiten una detección temprana que facilita la represión de formas cada vez más evolucionadas de fraude ». En Andalucía estas inspecciones tienen un número: 22.541 actuaciones de comprobación e investigación en tan sólo doce meses.
El «modus operandi» en muchos de los casos investigados suele ser similar. Se utiliza un «software» de doble uso que permite declarar sólo una parte de las ventas, mientras que el resto se mantiene oculto al erario público. En el caso de discotecas y restaurantes , existe a veces un volumen de cobros con tarjeta de crédito anormalmente alto en relación a los pagos en efectivo en unos negocios en los que, por sus características, prima en realidad el pago en efectivo.
Estas operaciones son el reflejo de una intensificación global en la lucha contra el fraude, que en 2016 volvió a arrojar un resultado histórico en Andalucía. La Delegación Especial de la Agencia Tributaria obtuvo unos ingresos de 1.537 millones de euros ; y esta cifra es un 9% superior a la 2015 (que también fue un año récord). El porcentaje de crecimiento es más espectacular si se contrasta con el de 2007. En la antesala de la crisis los ingresos por la detección de irregularidades era de 740 millones de euros , con lo cual desde aquel ejercicio el incremento total ha sido del 107% (más del doble), en una auténtica década prodigiosa del combate contra el fraude.
Balón de oxígeno
Esta batalla frontal contra la ocultación fiscal ha amortiguado en parte la brusca caída en la recaudación que generó la crisis. La Agencia Tributaria recaudaba en Andalucía más de 10.500 millones de euros en 2007 , un importe que aún es muy superior al actual, que es de 8.272 millones (al cierre de 2016). A pesar de que en los últimos tres años ha existido una leve recuperación, la brecha en la recaudación entre 2007 y 2016 todavía supera los 2.200 millones. Pero si a esta cifra de ingresos se le suman los derivados de la lucha contra el fraude, la distancia se estrecha a 1.500 millones . «La mejora de los resultados se ha debido a una planificación dirigida a reorientar las actuaciones , que han incidido en mayor medida en el control de sectores susceptibles de aprovechar las nuevas tecnologías, la deslocalización fiscal o la creación de estructuras opacas para esconder patrimonio», remarca Jorge Ramírez.
Una de las grandes vías de actuación es la lucha contra «la planificación fiscal agresiva » que realizan algunas empresas y ciudadanos con grandes patrimonios. O lo que es lo mismo: la vigilancia de todos los mecanismos complejos —y en ocasiones artificiales— que utilizan determinadas empresas y ciudadanos para trasladar su base impositiva a otros países dentro o fuera de la Unión Europea y reducir así su factura fiscal.
Ramírez cree que en 2017 habrá un salto cualitativo en este aspecto porque «entrará en vigor toda la nueva normativa de intercambio de información tanto con Estados Unidos como con otros miembros de la UE, con lo cual el campo de acción de los inspectores se expande a límites que no se han conocido antes». Esto vaticina «un vuelco en la lucha contra estructuras societarias en paraísos fiscales».
En paralelo, también se está potenciando el control de grandes empresas. Las compañías andaluzas que facturan más de 100 millones de euros dependen de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, con sede en Madrid, pero la delegación en Andalucía tiene su particular unidad de grandes contribuyentes que atiende a las compañías con unas ventas de entre 6 y 100 millones de euros (hay más de 3.000 grupos empresariales en la región que tienen ese nivel de ventas).
«Son empresas a las que le afectan distintos tributos y que en muchos casos hacen declaraciones mensuales; sobre ellas se han realizado más de 3.700 actuaciones de control , un 63% más con respecto al año anterior, lo que indica que la vigilancia ahora es más intensa». Hay que tener en cuenta que una misma empresa puede ser objeto de varias actuaciones a lo largo de un ejercicio.
Causas abiertas
Ya en 2015 la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía estaba personada en más de 760 causas instruidas en diferentes juzgados por fraude a las arcas públicas. En estas denuncias se reclama una deuda global de 465 millones de euros, lo que implica una media superior a los 600.000 euros en cada procedimiento (aunque las cifras son muy dispares en función de los casos).
«El pasado año realizamos más de 780 actuaciones de colaboración con la justicia , un 14,5% más que en 2015, tanto en la investigación como en el auxilio a los jueces y tribunales, en un esfuerzo por combatir las estructuras de fraude más complejo», remarca el delegado especial. Igualmente, y al objeto de evitar vaciamientos patrimoniales, «se han adoptado intensificado las medidas cautelares y se ha continuado con las actuaciones de seguimiento de los colaboradores, causantes y responsables de las deudas liquidadas», concluye Ramírez .
