Informe
Andalucía es la comunidad en la que más casos de fraude se han detectado en el último año
La pandemia del Covid-19 ha sido una de las principales causas del aumento de este problema en las empresas
La elevada inseguridad laboral y la incertidumbre generada por la irrupción del coronavirus en el año 2020 y su continuación en el 2021 han incrementado las acciones fraudulentas en España. Así lo revela el «Informe sobre el estado del fraude en España 2020-2021» presentado por la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude.
De acuerdo con el estudio, la crisis sanitaria ha aumentado la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al fraude y ha desviado la atención de las organizaciones hacia otro tipo de problemas dejándolas aún más desvalidas. «El Covid-19 y el acelerado proceso de digitalización que hemos vivido en los últimos meses ha representado un verdadero desafío para quienes luchamos contra el fraude», señala dicha asociación.
El informe, que ofrece una visión global sobre la situación en la que nos encontramos en España con respecto al fraude, muestra que el principal problema al que se han enfrentado las empresas en el último año en la lucha contra el fraude ha sido la falta de asignación de recursos, tanto humanos como económicos, al menos así lo ha asegurado el 25% de los asociados consultados.
El desconocimiento por parte de los ciudadanos de los riesgos del fraude ha sido otra de las dificultades que han enfrentado las compañías (19%), así como la falta de integración de las diferentes soluciones de lucha contra el fraude en una única plataforma (18%), las barreras al uso/compartición de datos (16%), o la tecnología insuficiente para hacer frente a los fraudes actuales (12%).
El aumento del fraude en los últimos meses ha generado que muchos aspectos de las empresas se vean afectados, siendo el empeoramiento de la tasa de conversión el que más se ha repetido, según el 34% de los encuestados. Le sigue la inversión en equipos de investigación, acorde con el 27% de los consultados. A continuación, se encuentran los costes de atención al cliente, según 7%, y, finalmente, los costes de fidelización y retención, de acuerdo con el 6% de los sondeados.
Andalucía, foco de fraude
Las regiones donde más casos de fraude se han registrado este año han sido Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid . De acuerdo con los encuestados, Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma que ocupa el puesto número uno en la detección de casos de fraude, seguida por Cataluña y Madrid, que se coloca en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Comparando el año 2020 con respecto al 2019, la región donde se ha producido un mayor incremento de casos de fraude ha sido Cataluña, según el 35% de los encuestados. A continuación, está Andalucía, según el 25% de los consultados.
Fraude de identidad de cliente
El fraude de identidad a cliente, por el que los estafadores utilizan los datos legítimos de un cliente para suplantar su identidad , es el más recurrente en las empresas, según el 58% de los consultados. El segundo tipo de fraude que más se ha registrado ha sido el fraude documental (29%), que consiste en la modificación de datos reales de un documento, seguido de los ataques de phishing/smishing (27%), un método para engañar y hacer que se compartan contraseñas, números de tarjeta de crédito y otra información confidencial.
Por su parte, la mayoría de los encuestados (75%) considera que el canal online es por el que reciben más fraude sus empresas. «Esto se debe a un mundo cada vez más conectado y digital que convierte la ciberdelincuencia en el canal más común en intentos de fraude mientras que el presencial se considera como el segundo más frecuente, según el 21% de los encuestados», destaca este informe.
Datos comparados
La necesidad de blindarse ante cualquier amenaza externa, en especial derivada de entornos digitale s, obliga a las empresas a poner en marcha determinadas soluciones corporativas. Así, el 25% de los encuestados por la Aeecef considera que la compartición de datos de solicitudes de préstamos es una solución que resulta básica para prevenir el fraude en su organización.
La misma cifra de consultados piensa lo mismo de las herramientas biométricas para la validación de la identidad. Por su parte, el 21% considera que es esencial la analítica avanzada para evaluar el riesgo de fraude; mientras que un 8% piensa de la misma forma en relación al acceso a fuentes de datos alternativas (geolocalización, tarjetas SIM duplicadas).
Sectores y encuestados
Para la realización de esta quinta edición del informe, la Aeecef ha recopilado valoraciones de empresas integrantes en la asociación correspondientes a diferentes sectores : financiera de consumo (29%), financiera de automoción (25%), telecomunicaciones (25%), banca (13%), empresas de micro préstamos (4%) y fintech / insurtech (4%).
El 58% de los encuestados pertenece al departamento de Fraude, encargados de asegurar y proteger a la empresa de cualquier operación fraudulenta. Un 17% está asociado al departamento de Operaciones, donde se centra toda la actividad económica, y un 13% corresponde al departamento de Riesgos. A su vez, un 8% está enmarcado en el departamento de Finanzas, con la función de ocuparse de las responsabilidades económicas de la empresa; y el 4% restante trabaja en otro tipo de departamentos diferentes a los mencionados.
En cuanto a la posición que ostentan los encuestados de este sondeo, un 71% presenta el cargo de manager, un 21% es director y el 8% restante pertenece al área de staff.
La Aeecef se constituyó en 2014 como una entidad sin ánimo de lucro para dar respuesta a la necesidad de establecer en España de forma pionera una p lataforma de colaboración cuyo principal objetivo es coordinar un sistema español anti-fraude, según recuerda en un comunicado. La Aeecef entiende que la lucha contra el fraude es tarea de todos, y que tan sólo aunando esfuerzos se puede hacer frente a una realidad que genera importantes pérdidas anuales a empresas y particulares.
En la actualidad, reúne a casi 30 asociados pertenecientes a los cuatro principales sectores a nivel nacional: telecomunicaciones, financiero, financieras de automoción y crédito al consumo que se ven afectados por diferentes modalidades de fraude.
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