Economía
Las 30 propuestas de los empresarios para agilizar los proyectos millonarios en Andalucía
Tras analizar 7.000 autorizaciones ambientales en Andalucía, detecta hasta 40 cuellos de botella que paralizan inversiones millonarias
![Cepsa espera la luz verda de la administración para inverir miles de millones en Andalucía](https://s2.abcstatics.com/media/economia/2019/05/26/s/cea-trabas-administracion-kv0B--1248x698@abc.jpg)
Endesa ha anunciado que invertirá «miles de millones de euros» en Andalucía en los próximos años si se eliminan las trabas burocráticas. De igual forma, Cepsa tiene paralizada una inversión de mil millones de euros en su refinería de Gibraltar-San Roque por trabas en la tramitación administrativa. Estos dos casos son sólo el botón de muestra de los problemas con los que se encuentran las empresas que quieren invertir en Andalucía.
El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha contabilizado hasta 4.367 expedientes bloqueados en el trámite ambiental, lo que ha paralizado la inversión de 6.500 millones de euros y la creación de 92.000 empleos. Para acabar con esta situación, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha entregado a la Junta un completo manual, al que ha tenido acceso ABC, en el que diagnostica 40 actuaciones administrativas que paralizan los procedimientos ambientales y propone 30 medidas para mejorar la situación.
Lastre de la economía
« El crecimiento económico de Andalucía en la actualidad se ve lastrado por la existencia de numerosa trabas administraciones medioambientales existentes par la implantación de determinadas actividades empresariales», explica Javier González de Lara, presidente de la CEA, organismo que ha realizado un diagnóstico para identificar y determinas las trabas existentes en los procedimientos de las autorizaciones ambientales . Para ello, la CEA ha analizado toda la normativa legal vigente europea, estatal y autonómica, y ha buceado en casi 7.000 autorizaciones ambientales tramitadas.
En su informe, los empresarios han realizado un diagnóstico en profundidad de cuatro procedimientos administrativos ambientales: la Autorización Ambiental Integrada (AAI), la Autorización Ambiental Unificada (AAU), la Calificación Ambiental (CA), las Autorizaciones de Emisiones a la Atmósfera (AEA) y la Autorización de Vertidos a aguas litorales y continentales (AV). Pues bien, la CEA ha detectado hasta 40 actuaciones administrativas que traban los procedimientos medioambientales y que afectan directamente a la actividad empresarial y el crecimiento económico de Andalucía.
La organización que preside Javier González de Lara concluye que la normativa ambiental «resulta compleja y dispersa, siendo difícil su conocimiento por los interesados» y «no se encuentra actualizada a la normativa de procedimiento común ni implanta la Administración Electrónica digital ». Además, entiende la CEA que «impone un régimen de intervención más dificultoso que el exigido en otras comunidades autónomas, produciéndose así un agravio comparativo».
Respecto a los procedimientos para la tramitación de autorizaciones ambientales y de emisiones, detecta que «existen trámites duplicados y con una duración excesiva» y «en la generalidad de ellos se incumple el plazo máximo de resolución». Y lo que es peor, «las unidades administrativas no disponen de criterios objetivos y generales que faciliten la toma de decisiones». En este sentido, cualquier modificación de una autorización ambiental «es lenta, gravosa y no ofrece seguridad jurídica».
La CEA propone 30 medidas para reducir las trabas administrativas ambientales, una de las cuales ya ha sido adoptada por la Junta: la creación de una oficina de seguimiento y asesoramiento para proyectos estratégicos de ámbito autonómico, supralocal o local. Aunque la Ley de 2011 para potenciar inversiones empresariales estratégicas en Andalucía contempla una comisión de seguimiento con dicha competencia, «en la práctica se ha evidenciado que la misma no está funcionando».
Uno de los nudos gordianos está , según los empresarios, en la falta de criterios objetivos a la hora de que los funcionarios adopten decisiones en las tramitaciones ambientales. Por ello sugiere la creación de un catálogo que integre y determina de forma inequívoca todas las actuaciones, actividades y usos que se encuentren sujetas a las esas autorizaciones ambientales ( AAI. AAU. CA, AEA y AV ). «La creación de un catálogo único fomentaría la seguridad jurídica y la aligación de la tramitación de los instrumentos de control y prevención ambiental y la reducción de los plazos de resolución, así como una de los litigios en la vía contenciosa administrativa», explica el informede los empresarios . Para este colectivo, «la audiencia de criterios objetivos únicos par ala toma de decisiones discrecionales y la judicialización excesiva de las mismas conlleva que los funcionarios pública tengan excesiva prudencia en la realización de su trabajo ».
Además, la CEA quiere que «el promotor de la actuación deberá presentar, junto a la solicitud de AAI, AAU y CA, Declaraciones Responsables mediante la que declare y garantice que la actuación proyectada cumple con la normativa sectorial de aplicación, presentado para ello toda la información requerida». De ese modo, las administraciones y órganos competentes podrían verificar en el plazo de diez días esa Declaración Responsable , emitiendo para ello un informe preceptivo. La CEA quiere que de no emitirse ese informe en el plazo señalado, se puedan proseguir las actuaciones, de modo que si la Administración advierte cualquier irregularidades en esa Declaración Responsable tendría la facultad y potestad de adoptar de inmediato la medida cautelar de suspensión o paralización de la actividad.
Para dar mayor seguridad o garantía a la Administración se propone la exigencia de un seguro de responsabilidad medioambiental por parte del promotor de la actividad. Asimismo, la CEA entiende que es necesario que las unidades administrativas implicadas en las autorizaciones ambientales tengan seguridad en la toma de decisiones, para lo cual se propone la suscripción para los funcionarios con competencias decisorias de seguros de responsabilidad civil profesional sufragados por la Administración, que les exoneraría de responsabilidad civil y agilizaría la tramitación de los procedimientos.