Entrevista
Santiago Thomás de Carranza: «No es culpa de los propietarios que falten un millón y medio de viviendas en España»
El despacho Thomás de Carranza Abogados representa a 15.000 inmuebles de toda España
Los economistas dan un suspenso a la ley de vivienda: «Expulsará a las rentas bajas del mercado del alquiler»
Santiago Thomás de Carranza es socio director y fundador del despacho Thomás de Carranza Abogados. Su entidad gestiona legalmente a 15.000 inmuebles tanto de fondos de inversión como de propietarios particulares. Asesoran al cliente en todo tipo de contingencias legales desde redacción de contratos de compra y venta hasta desahucios y okupaciones ilegales. Para este abogado, también profesor de de derecho administrativo en la Universidad Francisco de Vitoria y en el Instituto de Estudios Bursátiles, además de en el master en derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid, la norma representa una oportunidad perdida para acabar con la okupación ilegal, una de las mayores preocupaciones que tienen actualmente los caseros.
¿La ley de vivienda es una invitación a la okupación como se ha arrojado desde algunos partidos políticos?
No diría que es una invitación, pero no es una ley que luche contra la okupación ilegal. Una de las cuestiones fundamentales para facilitar el acceso a la vivienda a precios razonables es defender la propiedad privada y ello exige luchar de forma efectiva contra la okupación ilegal. La okupación es un delito. Esta ley protege al ocupante ante ciertas situaciones, genera alarma social entre los propietarios, y eso va contra el objetivo principal de la norma, que es el de facilitar el acceso al alquiler a precios razonables.
¿La norma añade algo positivo para el propietario?
No todo es malo. Pero está hecha de manera apresurada por motivos electorales, y también es ideológica. haber dejado la ideología a un lado y haberse sentado a dialogar con el sector privado para preguntarle qué necesita. La ley debería de haberse apoyado en cinco pilares: seguridad jurídica, protección de la propiedad privada, lucha contra la okupación ilegal, el establecimiento de un régimen fiscal estable y atractivo y agilidad en los procedimientos judiciales de recuperación posesoria.
¿Se ha perdido con la ley una oportunidad para hacer una regulación severa contra la okupación ilegal?
Desde luego. Es una oportunidad perdida por razones ideológicas. La ley ha copiado mucho a las políticas de vivienda vistas en los últimos años en Cataluña. Y el resultado en esa comunidad ha sido terrible, con una reducción drástica de la oferta por el miedo de los propietarios a poner su inmueble en el mercado del alquiler. Allí es prácticamente imposible echar al inquilino o al ocupante ilegal. Pueden pasar muchos meses, a veces años. Los propietarios no son los malos de la película. Y las administraciones no pueden cargar sobre sus estrechos hombros la carga de no haber hecho lo que tenían que hacer durante años. No es culpa de los propietarios que falten un millón y medio de viviendas en España. La situación de muchos propietarios es dramática. El 95% de las viviendas en alquiler pertenecen a particulares, pequeños propietarios que han invertido sus ahorros y que necesitan las rentas como complemento a su salario o pensión.
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¿Es una llamada al impago la nueva prórroga de la prohibición de los desahucios?
No es una llamada al impago, pero la morosidad está subiendo. Se hace más difícil recuperar la posesión ahora que antes. El inquilino se siente más seguro cuando no paga porque sabe que no se le va a poder echar de la vivienda a corto plazo.
¿Pediría al Gobierno entrante que, al menos, derogue las medidas contra los desahucios incluidas en la ley de vivienda?
Absolutamente. Establecer requerimientos administrativos previos como requisito para interponer demandas es incluso cuestionable desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva. Pero desde luego creo que es una mala medida porque no va a contribuir a generar seguridad en los propietarios ni a facilitar el acceso al alquiler a precios razonables. Cualquier poder público debería centrarse en incentivar leyes que sean totalmente contrarias a esta.
