Puertos del Estado, Paradores, Correos, Navantia, Loterías... sin subida aún del 3,5% en sus nóminas

El pasado mes de septiembre, la situación ya llevó al sindicato CSIF a remitir una carta al Ministerio de Hacienda exigiendo el desbloqueo de la negociación salarial para evitar que el problema se enquistara, sin ningún éxito a la vista de la situación. Ahora, la central que dirige Miguel Borra vuelve a exigir a Hacienda que apruebe la orden que permita a todas las empresas públicas subir el sueldo a sus trabajadores.

«Ante una inflación como la actual, CSIF reclama agilidad para que no haya más distinciones en el tiempo a la hora de ejecutar estas subidas salariales. No puede ser que, a estas alturas, en unas se haya cobrado y en otras no porque todas las empresas públicas pertenecen a la misma familia: el Estado», ha denunciado el sindicato.

Los más de tres millones de empleados públicos vieron crecer un 2% sus sueldos en enero y, además, tienen derecho a un 1,5% adicional para compensar la pérdida de poder adquisitivo de este año por la escalada de la inflación. La mayoría de empleados públicos de la Administración General del Estado ya habrían cobrado en la nómina de noviembre los atrasos correspondientes a la subida salarial adicional.

La legislación obliga a las empresas estatales a sujetarse a la subida general establecida en los Presupuestos Generales del Estado, pero en el caso de las empresas públicas esa subida afecta a la masa salarial y se puede distribuir de forma no lineal en función de los acuerdos a los que se lleguen con los representantes de los trabajadores.

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Además, las empresas públicas deben cumplir también con los parámetros para la negociación salarial que se establecen a las empresas del Estado desde el Ministerio de Hacienda y que en algunos casos han hecho que acuerdos entre empresas públicas y sindicatos hayan sido bloqueados por ir más allá de lo que permitía Hacienda.

CSIF recuerda que, en cualquier caso, «se trata de una subida salarial insuficiente. Solo en los últimos dos años los trabajadores de estas empresas, como los demás empleados públicos, hemos perdido cerca de un 10% de poder adquisitivo. De ahí que lo aprobado por el Gobierno para los tres próximos ejercicios no está, en ningún caso, a la altura de las circunstancias», recuerda la central sindical, la más representativa en la Administración.

A principios del pasado mes de octubre el Ministerio de Hacienda firmó con UGT y CC.OO. una senda de subidas salariales a tres años para los empleados públicos, de la que se descolgó CSIF por entender que la oferta ni siquiera corregía la inflación con la que se va a cerrar 2022. El acuerdo alcanzado incluyó el citado alza del 3,5% para este ejercicio, y para 2023, el Ejecutivo fijó un incremento del 2,5%, al que se suman dos variables del 0,5%. El primero se aplicará si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%. El año siguiente, 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, de nuevo con una cláusula para incrementar el sueldo un 0,5% adicional en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.