Bruselas pide recortar el consumo de electricidad en horas punta

Teniendo en cuenta que «nos estamos enfrentando a una situación extraordinaria porque Rusia no es un proveedor fiable y está manipulando los mercados energéticos», la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen presentó ayer el paquete de cinco iniciativas para responder a los «astronómicos» precios de la energía e intervenir en el mercado de la electricidad. Entre estas medidas figuran imponer un tope al precio del gas ruso de gasoducto que las empresas europeas pueden pagar, limitar los ingresos de las compañías energéticas generados por las tecnologías renovables y establecer un ahorro obligatorio de electricidad en las horas de pico de consumo para evitar que las productoras tengan que usar el gas para completar la demanda. Este paquete será analizado por los ministros de Energía de los países miembros en la reunión extraordinaria convocada para el viernes por la presidencia checa, dado que la mayor parte de las medidas van a tener que ser definidas y decididas por los propios gobiernos, señal de que el ejecutivo comunitario tampoco tiene muy claros los ángulos jurídicos y económicos de las medidas que pretende tomar.

Ayer se celebraron paralelamente tres reuniones relacionadas con la definición de estas disposiciones: la de los miembros de la Comisión Europea, la de los embajadores de los países miembros, el llamado Coreper, que prepara la reunión de los ministros el viernes y otra de los expertos nacionales para tratar de ayudar a decidir en los detalles más complejos a las otras dos. En los pasillos de la Comisión es perceptible el nerviosismo que se acumula conforme avanzan los meses y nos acercamos al temido invierno. Aunque la presidenta de la Comisión se considera satisfecha porque cree que la propuesta de acelerar la acumulación de reservas que lanzó antes del verano «ha funcionado» por lo que en estos momentos hay un margen suficiente de gas en Europa y varios suministradores alternativos, entre ellos Noruega que por primera vez ha superado a Rusia en entregas de gas, trambién ha reconocido que las compañías energéticas afrontan graves problemas de liquidez debido a la volatilidad de los precios del gas y admitió que los consumidores más vulnerables deberán ser ayudados.

Por ahora, en la cuestión de poner un tope al precio del gas ruso que los europeos pueden comprar y en la de limitar de algún modo los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas para dedicar ese dinero a subvencionar a los consumidores más débiles, fuentes de la Comisión reconocen que serán «difíciles de aplicar» a pesar de que hay precedentes legales en otros campos. En cuanto al tope del precio, expertos europeos han explicado que «se pondrá en marcha en el momento de la importación, sin que ello afecte la formación de precios para la venta de gas dentro del mercado interior», es decir sin desacoplar el gas del conjunto de energías que se usan para producir electricidad como piden varios países. Su principal inconveniente es que la respuesta de Rusia será muy probablemente -y el dictador Vladimir Putin ya lo ha dicho claramente- cortar el suministro. Desde el punto de vista legal, además, esta medida se puede considerar jurídicamente casi una sanción, como las que ya se han decidido hasta ahora para prohibir la compra de carbón y petróleo (a partir de enero) rusos y que requieren una decisión unánime por parte del Consejo.

En cuanto al recorte de los beneficios extraordinarios de las energéticas, la Comisión se va a limitar a dar «orientaciones» a los gobiernos nacionales para que elaboren sus propias medidas en un entorno más o menos paralelo, para interferir lo menos posible con el mercado. Cada país decidirá por tanto qué fórmulas aplica, aunque la Comisión quiere que todas estén dentro de unas coordenadas equivalentes. No puede hablarse técnicamente de un impuesto, porque en la UE todas las medidas fiscales también tienen que aprobarse por unanimidad y es evidente que no la habría. La idea que ha puesto sobre la mesa la Comisión es establecer un techo a los beneficios que obtienen las eléctricas con las tecnologías inframarginales, es decir, las renovables. Los expertos de la Comisión consideran que el mercado de la electricidad es lo bastante transparente como para que se puedan calcular facilmente a cuanto ascienden esos beneficios extraordinarios pero por ahora no se sabe como van a aplicar en cada país ese mecanismo. Los ingresos provenientes de este recorte de las ganancias de las compañías energéticas, sobre todo las eléctricas, deberán utilizarse para ayudar a pagar la factura de la luz a los consumidores más vulnerables.

La única medida claramente defendida por la Comisión es la de hacer obligatorias las disposiciones para reducir los picos dedemanda de electricidad, que es cuando se necesita poner en marcha las centrales que queman gas, y que es algo que ayudaría a aliviar todos los problemas de la forma más simple posible.

Sin embargo, tampoco será sencillo aplicar esta idea y menos hacerla obligatoria como ha indicado la presidenta Von der Leyen. Incluso se ha empezado a abrir paso la pregunta de si esos recortes de consumo en horas puntas será menos severos con los países que ya lograron que se les atribuyera un objetivo de reducción de consumo de gas más bajo que a los demás (España entre ellos) ni en qué consistirían las posibles sanciones por incumplirlos.

Mientras Europa trata de alumbrar un esquema que permita reducir el coste de la factura de la luz en toda la UE a las puertas del temido invierno y del probable cierre de la llave del gas por parte de Putin, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, presumió este lunes en el Congreso de las bondades del mecanismo ibérico del tope del gas, que según los datos que maneja el Gobierno habría permitido un ahorro de 2.000 millones de euros a las familias españolas y habría reducido hasta un 55% los precios en el mercado mayorista.

Calviño puso la ‘excepción ibérica’ por la que tanto peleó el Gobierno de España en Bruselas como ejemplo de la eficacia de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, entre las que citó ayudas a empresas, bonificaciones a particulares para el transporte público o para el precio de la gasolina y las rebajas fiscales, para aliviar el impacto de la escalada de los precios energéticos y estimó que estas habrían conseguido reducir en 3,5 puntos el nivel del IPC, que sin ellas, al parecer, rondaría el 15%.